El pasado 9 de marzo se aprobó la nueva Ley de la Industria Eléctrica (LIE) en nuestro país, la cual ha suscitado una serie de polémicas entre los poderes de la unión, el caso concreto entre el poder ejecutivo y judicial; entre diferentes sectores privados de la industria mexicana, e inclusive se han pronunciado diferentes organismos y cámaras del país, al poner en duda la actuación autónoma de los jueces federales por parte de nuestro poder ejecutivo.
Lo anterior nos hace como ciudadanos plantearnos una serie de cuestionamientos, tratando de entender principalmente qué afectaciones tiene esta ley en nuestro país.
Inicialmente, y de manera directa, afectará a las empresas privadas cuyo giro es el de generación y abastecimiento de energías limpias, quienes han invertido en parques eólicos o solares dentro del territorio y, que al no tener un incentivo o verse limitadas por las mismas leyes, debido a que su modelo de negocio implementado queda fuera de la ley, provocará la desinversión en el país y la pérdida de atracción de inversión.
Asimismo, tenemos a los grandes consumidores de electricidad, quienes también se verán afectados en sus presupuestos con la eliminación del esquema y pagos más elevados por ese concepto. Y por último, pero no menos importante, tenemos a los pequeños consumidores, o consumidores de suministro básico, para quienes ante la ausencia de subastas para la compra de energía, también les encarecerá el pago por ese servicio.
Esta ley limitará considerablemente las condiciones de competencia en cuanto a comercialización y generación de ese tipo de energía, dando ventajas exclusivas e injustificadas a las generadoras de CFE, eliminando la competencia entre generadores mediante la disminución de costos, lo cual desmotivaría a los proyectos de generación más eficientes y limpios.
Otro punto importante a resaltar son los acuerdos internacionales de los que México forma parte, como es el Acuerdo de París, el cual impone ciertas obligaciones para apoyar la transición energética y combatir el cambio climático.
En cuestión de energías limpias México estaría incumpliendo la propia Ley de Transición Energética, la cual define metas para las empresas hacia el 2024, siendo estas difíciles de alcanzar con esta nueva reforma.
Es fundamental como ciudadanos cuestionarnos qué nos queda por hacer, cuáles son las posibles violaciones a nuestros derechos, como por ejemplo el tener un medio ambiente sano y sustentable, y no solo ello, sino además el impacto a nuestra economía por la limitación comercial que se está tratando de imponer a la inversión privada en el sector energético de nuestro país, lo cual impacta de forma negativa la libre competencia mediante el control de servicios básicos para el desarrollo de nuestras necesidades y por lo tanto un aumento de precios.
Ante este escenario en donde nuestros derechos como gobernados pueden verse afectados, la independencia del poder judicial cobra mucha relevancia, sin importar si estamos o no de acuerdo con la Reforma a la LIE, lo relevante es que conservemos nuestro derecho a inconformarnos ante un tribunal independiente, citando a José María Morelos y Pavón: “Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario.”