CELAYA, Gto.- (OEM-Informex).- El Ayuntamiento aprobó firmar un convenio con el banco Scotiabank, para terminar el juicio mercantil para que pague el 85% del desfalco que sufrió el Instituto Municipal de Vivienda de Celaya (IMUVI), durante la administración de Elvira Paniagua Rodríguez, por un millón 850 mil pesos en abril de 2021.
En abril, el titular de la dependencia municipal, Jorge Enrique Miranda, había informado que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), determinó que el banco Scotiabank es quien tenía que pagar, por tal motivo se interpuso la denuncia correspondiente.
Pero a través de negociaciones con la institución bancaria, se llegó al acuerdo que sería el 85%, lo que fue aprobado por unidad de los integrantes del Ayuntamiento.
Para recuperar el resto del recurso, se necesita que la Fiscalía General del Estado (FGE) detenga a la persona de la cuenta para deslindar responsabilidades y sea quien pague el 100%, así lo señaló Enrique Miranda Carrera, director del IMUVI.
OTROS CASOS
El más reciente, es el fraude del que fue blanco la actual administración en abril, donde supuestamente el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) daría, por cierta cantidad, algunos apoyos en especie, tratándose de una ambulancia, una motobomba de bomberos, contenedores de ropa, zapatos, entre otros insumos.
La Comisión de Hacienda aprobó los traspasos de recursos para que la Tesorería hiciera el depósito por la cantidad que llegaba casi al medio millón de pesos, mismos que se depositaron para finiquitar el trámite y liberar los apoyos, pero éstos nunca se recibieron.
Se interpuso una denuncia penal en contra de quien resulte responsable, pero no se han dado resultados de la investigación.
Sobre este caso, la Contraloría Municipal dio por concluido y archivado el caso de fraude por casi medio millón de pesos, al no encontrar omisiones por parte de funcionarios municipales, además de que la denuncia es en contra de funcionarios federales; así lo dijo el director del área investigadora y de la unidad de Quejas, Denuncias y Sugerencias de la Contraloría Municipal, Salvador Francisco Ramírez León, al comparecer ante la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción.
DIF DESFALCADO
Otro caso de desfalco al erario, es el que se hizo durante la administración 2012-2015 de Ismael Pérez Ordaz, ante el daño a las arcas del gobierno municipal en la mencionada administración, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de lo que antes era la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), desplegó diversas investigaciones para obtener sentencias condenatorias, contra el ex funcionario del gobierno celayense por presunto enriquecimiento ilícito y peculado, quien desvió recursos públicos para fines personales.
A través de las diversas diligencias, se comprobó el desfalco por 4 millones 713 mil pesos en agravio del patrimonio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal de Celaya, por parte de quien fungió como ex director administrativo en el trienio 2012-2015, José David “N” y a quien el juez halló culpable y lo condenó a pasar seis años y tres meses en prisión.
Sobre el caso, en octubre de 2015, durante el proceso de entrega-recepción de la administración municipal, se detectaron irregularidades en las cuentas de esta dependencia, y a principios de enero del 2016, las autoridades municipales denunciaron el desfalco.
La judicialización por estos hechos, se realizó el 6 de septiembre de 2016 y se radicó en la Agencia Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.
La autoridad investigadora pudo establecer que el hoy sentenciado, cuando se desempeñaba como empleado en un organismo descentralizado, durante el periodo comprendido del 3 de diciembre de 2012, al 3 de septiembre de 2015, dispuso a su favor de recursos económicos que administraba como servidor público.
Esta práctica la realizó a través de diversas transferencias electrónicas, que en total superan los 4 millones de pesos.
El ex funcionario, tenía entre sus facultades el manejo financiero de la cuenta bancaria principal y del servicio de banca electrónica, por lo cual contaba a su disposición de instrumentos y herramientas para operar las transferencias, decidió disponer del patrimonio que administraba, para depositar los recursos a una cuenta a su propio nombre, identificada como cuenta destino.
Además, intentó ocultar esta práctica, al justificar supuestas donaciones al “Orfanato Querétaro”, organismo que no se encuentra registrado en ningún padrón del propio Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Celaya.
También se averiguó que no existe convenio, contrato o instrumento jurídico celebrado con esa institución. Además, pidió que los estados de cuenta fueran entregados sólo a él para que nadie más se enterara de lo que había realizado.
La orden de aprehensión en contra de José David se cumplimentó el día 21 de noviembre del año 2016, y se dictó el Auto de Formal Prisión el día 24 de noviembre del año 2016 donde el Juez Primero Penal dictó sentencia condenatoria y se le ordenó la reparación del daño en favor del DIF Municipal de Celaya.
