GUANAJUATO, Gto.- En la comisión para la Igualdad de Género fue aprobado el dictamen que propone enviar un exhorto a 45 de los 46 municipios del Estado, excepto al ayuntamiento de León, para que brinden espacios seguros de atención y alojamiento temporal a las mujeres, sus hijas e hijos con calidez y respeto a los derechos humanos, con el fin de salvaguardar su integridad y seguridad.
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Para hablar a favor del dictamen, la diputada panista Katya Cristina Soto Escamilla afirmó que, en León, existen los espacios seguros denominados “Mujer a Salvo” y “Mujeres Seguras”, en los que se brinda atención especializada con perspectiva de género a las mujeres que sufren violencia.
Ahí les brindan protección y atención integral, tanto a las mujeres víctimas directas de violencia como a las indirectas, que son sus hijos e hijas o personas que dependen de ellas.
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A través de esos espacios seguros, se hacen efectivas por parte de la autoridad municipal las órdenes de protección administrativas, contenidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues se les proporciona a las mujeres, o las niñas, en situación de violencia y en su caso a sus hijas e hijos o personas que dependan de la víctima, alojamiento temporal, para garantizar su seguridad y dignidad.
“Es por ello por lo que las buenas prácticas deben ser replicadas en pro de todas las mujeres guanajuatenses que desafortunadamente son víctimas de violencia, extendiéndose la protección a las víctimas indirectas”, puntualizó.
Soto Escamilla enfatizó “este es un mensaje claro y preciso de acciones contundentes contra la violencia de género que se hacen desde el Poder Legislativo a través de las y los diputados del PAN, pues se cumple con la obligación constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Desde aquí les decimos a ustedes mujeres guanajuatenses que no están solas”, terminó.
En otro punto que fue analizado en esta Comisión fue dictaminada la iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que tiene como finalidad que las mujeres embarazadas no puedan ser despedidas, coaccionadas a renunciar, pedir permiso o licencia sin goce de sueldo, y en caso de suceder se considere como violencia laboral.
Sobre el particular, la diputada Yulma Rocha Aguilar explicó que esta propuesta consiste en una armonización con la Ley Federal del Trabajo para dar mayor claridad sobre este tipo de atropellos a los derechos de las mujeres.
