CELAYA, Gto. (OEM-Informex).- El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) A.C., dio a conocer en su informe ‘Congresos ricos, auditorías pobres’, que en el Congreso del Estado de Guanajuato, cada diputada y diputado cuesta a los guanajuatenses 14.5 millones anuales, además de que es el congreso con mayor reducción de presupuesto para auditoría estatal, y es que, entre 2020 y 2022 ha disminuido en un 20% el presupuesto para vigilar el uso de los recursos públicos.
En este tema, el economista Mauricio Hernández Mendoza, explicó que los congresos estatales no sólo tienen la facultad y la responsabilidad de legislar, sino que también son los responsables de vigilar el uso correcto de los recursos públicos.
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“En ese sentido, si un congreso no destina suficiente presupuesto a las áreas de auditoría estará comprometiendo su capacidad para poder tener una revisión razonable del ejercicio de los recursos, lo cual podría debilitar la transparencia y los esfuerzos anticorrupción. Hay que recordar que el Congreso del Estado tiene las funciones técnicas de fiscalización a través de la Auditoría Superior del Estado”.
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Ante la pregunta de si considera que el trabajo que hacen los legisladores en el estado vale lo que están recibiendo de sueldo, refirió que, a nivel nacional, la restricción financiera a la que se han sometido los estados y municipios derivado de los recortes que desde la federación se han realizado, obliga a que todos los órdenes de gobierno sean más eficientes.
“Me parece que en el Congreso de Guanajuato se deberían de buscar permanentemente las áreas de oportunidad en torno a la eficiencia de los recursos para lograr un Congreso que sea menos oneroso. Estas eficiencias se pueden lograr desde el propio sueldo de los congresistas hasta la estructura de todo el gasto de operación del Congreso”.
Para cambiar el hecho de tener congresos ricos y auditorías pobres, el economista considera que primero debe de existir una gran voluntad política y una firme convicción acerca de la importancia que tiene la auditoría profunda y permanente del uso de los recursos públicos.
También “se podría definir en la propia normatividad, un porcentaje mínimo del total del presupuesto del Congreso que debe de ser aplicado a funciones de auditoría y legislar en el sentido de que no puedan existir reducciones reales a dicha asignación presupuestal al transcurrir el tiempo”.
Agregó que también se debe de profundizar en la capacitación a los legisladores en materia de auditoría y lograr la profesionalización en los órganos de control, tanto estatales como municipales.
