JUVENTINO ROSAS, Gto.- (OEM-Informex).- Representantes de la Unión Campesina Democrática (UCD) qué encabeza José Durán Vera, están entregando autoridades municipales un documento en el que dan a conocer la expulsión de Antonio Tirado Patiño como dirigente desde 2005 y la nulidad de los actos que hagan a nombre de la organización; lo señalan como "defraudador" de cientos de compañeros en 15 estados de la República, al apoderarse de documentos originales de vehículos de procedencia extranjera qué no devuelve a sus dueños, y el cobro de cuotas por inasistencia a asambleas.
En el caso de Juventino Rosas, Héctor Lagunas Hernández, coordinador regional, acudió al despacho del alcalde Fernando Gasca Almanza ,dónde le fue recibido y sellado el documento en cuestión, y comentó que con ello se busca qué Tirado y su gente no vayan a sorprender autoridades ni a ciudadanos, al asumir una representación que no tienen.
De acuerdo al escrito, que firman José Durán y el declarante, luego de su expulsión y a partir de 2011, Tirado comenzó a convocar asambleas a nombre de la UCD, de la que ya no era miembro, y fue demandado por la vía civil ante el 43 Juzgado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en el entonces Distrito Federal y en 2016 se emitió en tercera instancia sentencia favorable a la organización y por eso no tiene derecho de hacer uso del nombre y emblema de la UCD, declarándose nulos todos los actos y documentos que haya emitido desde entonces.
Sin embargo y en plena desobediencia a los mandatos judiciales, ha continuado convocando nuevas asambleas y eventos en los que utilizas ilegalmente nombre y siglas y que "son protocolizados por notarios corruptos" por lo que fue demandado por la vía penal en 2021 y el pasado 8 de septiembre de 2022 fue vinculado a proceso por usurpación de identidad y falsificación de documentos, de acuerdo a la causa IP2822-169.
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Afirmó Lagunas que Toño Tirado actualmente se dedica al "coyotaje" utilizando el decreto de regularización de vehículos de procedencia extranjera qué promovió el presidente de la República, cobrando por presuntas asesorías y traslados -en forma indebida- a propietarios de estados vecinos que no están contemplados en el decreto hasta 16 mil pesos, y que falsificó documentos para engañar a la autoridad local.
