CELAYA, Gto.- Para evitar que existan irregularidades durante el Proceso Electoral, un total de 33 personas, entre las que se encuentran representantes de los partidos políticos, de instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil de Celaya, firmaron el “Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral” para las próximas elecciones de 2024. Dicho documento, cuenta con 10 compromisos sociales y cívicos, los cuales deberán asumir con responsabilidad.
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Durante el evento, José Luis Andrade Rodríguez presidente de la COPARMEX, Celaya Laja-Bajío, destacó que “México tiene un sistema de elecciones y justicia electoral nacional sólida, las instituciones electorales administrativas y jurisdiccionales operan bajo condiciones que les permiten actuar con profesionalismo e imparcialidad”, además de que existe un “sistema de partidos políticos plural de representación y de gobierno a nivel federal, estatal y municipal, además de que la ciudadanía cada vez es más activa, participativa y exigente”.
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Sin embargo, mencionó que México enfrenta un contexto de múltiples desafíos a la estabilidad del sistema democrático y, es que, “los procesos electorales se han convertido en oportunidades que los grupos criminales aprovechan para intentar reconfigurar las estructuras de gobierno a su favor; también “prevalecen conductas antidemocráticas como la polarización afectiva, el incumplimiento de la ley, el uso indebido de recursos públicos, el financiamiento ilícito a los partidos políticos y candidaturas, las amenazas a las instituciones y prácticas electorales como la compra y coacción del voto”.
Ante esto, asegura que los factores arriba mencionados, entre otros, son los que afectan la equidad en la contienda, impactando negativamente la legitimidad de los resultados, de las personas electas y de su encargo, así como la confianza de la ciudadanía en los procesos electorales. Por tal motivo, es que se plantean estos 10 compromisos, los cuales son:
Respetar las leyes en materia electoral, así como los principios democráticos que en ellas se establecen; Contribuir a la celebración de procesos electorales auténticos, profesionales, imparciales y transparentes a partir de los estándares de integridad que exigen la adecuada preparación y administración de todo el ciclo electoral; Canalizar y procesar las diferencias a través de los cauces institucionales que tienen como tarea resolver los conflictos y defender los derechos político-electorales de la ciudadanía.
Respetar y tutelar el voto como principio bajo el cual la voluntad de la ciudadanía se expresa y es la última instancia de decisión política y electoral, así como el eje que orienta el mandato de la ciudadanía; Propiciar y garantizar reglas y esquemas equitativos para la competencia a fin de asegurar igualdad de condiciones entre los contendientes.
Abstenerse de realizar cualquier acto que afecte las condiciones de libertad bajo las cuales la ciudadanía forma sus preferencias y toma sus decisiones para votar, así como denunciar los actos de esta índole de los que lleguen a tener conocimiento como son el uso indebido de recursos públicos, programas sociales para condicionar o interferir en el libre ejercicio del voto; Mostrar plena disposición al escrutinio público, dando vigencia a los principios de transparencia y máxima publicidad que exigen los procesos electorales con integridad, a fin de fortalecer la confianza de la sociedad.
Promover el pleno ejercicio de los derechos político-electorales con los más altos estándares de protección a los derechos humanos, eliminando las malas prácticas que atenten contra la dignidad y autonomía de las personas, garantizando el derecho a la no discriminación y la máxima inclusión social y cultural, así como garantizar el principio de paridad constitucional.
Sumar esfuerzos para crear sistemas colaborativos para detectar y mitigar todo tipo de violencia durante los procesos electorales, así como actuar con la debida diligencia para evitar, prevenir, investigar, sancionar y reparar los actos de violencia política en razón de género; y, por último, Respetar, cumplir y hacer cumplir las determinaciones de las autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales, federales y locales, como lo son las medidas cautelares, resoluciones y sentencias.
Finalmente, es importante mencionar que esta iniciativa es impulsada por la Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) y el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEGto) y contó con el apoyo del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y la Coparmex Celaya Laja-Bajío.
