CELAYA, Gto.- “Ley Anti Familia En Guanajuato”, es el nombre del documento que integrantes de 58 organizaciones cristianas católicas enviaron al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para exigir que “vete la ley anti familia en congruencia con los postulados y principios que pregonó durante su campaña, y por lo que fue elegido”. Esto lo solicitaron, luego de que el pasado 15 de febrero el Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato aprobara, por unanimidad, la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género del Estado de Guanajuato y sus Municipios.
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El documento, menciona que les parece un hecho desconcertante, sorpresivo y sin precedente el que “los legisladores con mayoría panista”, aprobaran la ley, misma que había sido desechada el 15 de junio de 2023, por tal motivo, preguntan, “¿Por qué hubo un cambio tan radical en la postura?”.
“Demandamos se atiendan las principales problemáticas y prioridades del estado, tales como: la protección, la seguridad e integridad de la familia como base de la sociedad. Eso sí nos beneficia a todos los guanajuatenses por igual. Esta ley vulnera gravemente derechos humanos reconocidos en tratados y convenciones internacionales vinculantes en materia de derechos humanos”.
Tales como “el ejercicio de la patria potestad, el interés superior de la niñez, derecho a tener una educación científica y veraz, acceso a servicios de salud de calidad que deben basarse en el sexo biológico, la libertad religiosa, libertad de expresión, entre otros. Dicha ley abre la puerta a una agenda decadente, contraria a los derechos humanos más fundamentales. Además genera ciudadanos de primera y segunda categoría, hecho abiertamente discriminatorio”.
Menciona que la ley, a la cual llaman “Anti-familia”, es innecesaria debido a que ya existen leyes que garantizan el respeto, la equidad, la tolerancia, la no discriminación y todos los derechos para mujeres y hombres por igual y, es que destaca, se encuentran establecidos en la Carta Magna, en leyes federales y estatales.
Sin embargo, con esta ley, consideran que lo único que lograrán es la vulneración de los derechos, de forma especial, de las mujeres y niños. “La Ley Anti-familia no solo legaliza conceptos ideológicos anticientíficos, sino que pretende desviar recursos públicos del estado para favorecer una agenda particular de un colectivo que tiene secuestrada la agenda política”.
Dicen no estar de acuerdo con que se utilicen más de 30 millones de pesos de los impuestos para la creación de órganos estatales y municipales. También menciona que “esta ley, coadyuva a promover el contenido de los libros de texto del presente curso escolar que es adoctrinamiento puro. Promueve la hipersexualización y la confusión de niños y adolescentes, ya que pretenden crear clínicas para tratamientos hormonales, castraciones químicas, promoción de la mutilación de órganos sanos”.
“Todo esto perjudicial para la salud, con graves consecuencias irreversibles para quien se someta a esos tratamientos. No queremos que nuestros niños sufran daños en su salud física y mental, avalados y promovidos por el estado. Sólo existen dos sexos: femenino y masculino. Esta ley impone la autopercepción como realidad, con graves consecuencias. El estado no debe invadir la esfera personal, lo íntimo, lo personal no es político”.
Además, agregan que los ciudadanos “que suscribimos esta demanda, rechazamos la imposición de la ideología de género y de la agenda 2030, referenciadas en dicha ley, así como la generación de un sector superior por encima del resto de los ciudadanos. En esta época de elecciones y en un momento de gran trascendencia para el estado, le exigimos el veto a la ley”.
Para concluir, exigen al gobernador que vete la ley y, le piden recordar que en sus manos está el evitar los daños que implicaría el publicar dicha ley. También le recuerdan que “en sus manos está la continuidad del proyecto político de Acción Nacional en el estado de Guanajuato. ¡Cumpla su palabra!”.
