IRAPUATO, Gto, (OEM-Informex). La Plataforma por la Paz y Justicia de Guanajuato exigió a la Fiscalía General del Estado la pronta identificación de los cadáveres encontrados en fosas clandestinas, pues señalaron que ha habido casos en los que las familias tardan meses en recibir información y hay otros casos en que los cuerpos son entregados incompletos, como el caso de Fernando Israel Martínez Sánchez, del que sólo entregaron el 60% del cadáver a su familia.
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A través de un documento, la Plataforma por la Paz y Justicia de Guanajuato, integrada por colectivos de personas que buscan a sus familiares desaparecidos, llamaron a la Fiscalía General del Estado a que eficienten la identificación de los cadáveres encontrados en fosas clandestinas, pues hay incluso alrededor de 100 cuerpos de los que aún no se ha emitido información sobre su identificación.
La Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato identificó los casos de Ulises Alberto Rojas y Fernando Israel Martínez Sánchez, desaparecidos en Silao en julio de 2019 y cuyos cuerpos presuntamente permanecieron sin ser identificados en los servicios forenses, hasta que sus familias acudieron para corroborar su identidad.
"Las autoridades declararon posteriormente ante la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG), que habían entregado 'el 60% del cuerpo de Israel' a la familia. Su esposa participa activamente en las búsquedas para encontrar el resto de su cuerpo”, señaló en el comunicado la Plataforma por la Paz y Justicia en Guanajuato.
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Otro caso fue el de José de Jesús Esquivel, quien desapareció en noviembre de 2020 en Celaya y ese mismo día su cadáver fue encontrado, pero no fue sino hasta el 18 de enero de este año que notifican a su madre que su cuerpo había estado en la morgue hasta el día 13 de enero, cuando fue enviado a enviado a la fosa común.
Un tercer caso que dio a conocer la Plataforma por la Paz y Justicia en Guanajuato fue el de los queretanos Juan Manuel Orozco Parra y Jorge Alan Reyes Nieves, quienes desaparecieron en Celaya y cuyos cuerpos fueron identificados en el servicio forense de ese municipio hasta que las familias se presentaron al lugar.
Otro caso fue el de la familia de Giovanni Piñón, quienes tuvieron que esperar al menos seis meses para recibir los resultados de ADN y que un cuerpo encontrado por la FGJEG correspondía a él.
Un caso más fue el de tres jóvenes de Juventino Rosas y cuyas familias han tenido que esperar meses para su identificación.
“Las familias no sólo tienen que identificar fragmentos de los cuerpos, algunos calcinados, sino que tienen que soportar la dilación y los malos tratos de la Fiscalía”, advirtió en su documento la Plataforma por la Paz y Justicia en Guanajuato.
“Las familias podrían ejercer su derecho a la participación y exigirle a la Comisión y al Sistema Estatal de Búsqueda que haga suyas las propuestas de asistencia técnica, pero no pueden hacerlo, sencillamente porque el Congreso Local tiene casi 6 meses de retraso en la emisión de la Convocatoria para conformar el Consejo Ciudadano, ignorando totalmente la participación de las familias. Lo que les obliga a seguir insistiendo en la asistencia técnica a partir de los oficios. Oficios que no son respondidos” (sic).
