CELAYA, Gto. (OEM-Informex).- La aprobación de una nueva Ley General de Aguas es urgente e inminente para desarrollar una regulación que fomente una eficiente gestión de los recursos hídricos, asegura el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), quien en su análisis al marco regulatorio actual, menciona que existen algunas barreras para una mejor gestión del agua en México, entre las que se encuentra la falta de coordinación entre actores públicos y privados, entre los diferentes niveles de gobierno y la reducción de financiamiento a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
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El IMCO considera importante que la CONAGUA promueva una mayor coordinación entre los responsables de gestionar el agua. Además, de que se aborde el problema de ausencia de actualización de los lineamientos para la extracción y uso de aguas, así como de las disposiciones para otorgar concesiones, dado que, asegura que permitirá tener un control más estricto del uso de los recursos hídricos con fines sostenibles, así como una mayor transparencia.
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BARRERAS
Entre las barreras que identificó la IMCO se encuentra la reducción del financiamiento a la CONAGUA, el cual disminuyó cerca de un 50% entre 2014 y 2022 y, es que, pasó de 63 mil millones de pesos a 30.3 mil millones de pesos, a pesar de que en 2023 aumentó a 68 mil 450 millones de pesos, asegura, no es suficiente.
También menciona que la falta de coordinación entre los actores del gobierno a distintos niveles, dificulta el desarrollo y aplicación de políticas públicas eficientes para manejar los recursos de manera sostenible.
De igual forma, menciona que otra barrera es la ausencia de actualización de las disposiciones para otorgar concesiones, las deficiencias en los sistemas de medición y monitoreo, la reducción de la vigilancia en el uso del agua.
En este último punto, refiere que entre 2011 y 2018, el promedio de visitas de vigilancia anuales fue de ocho mil 129, mientras que entre 2019 y 2022 fue de dos mil 334, lo que significa que, México experimentó una reducción significativa en la vigilancia del uso del agua, debido a varios factores entre ellos los recursos financieros y humanos insuficientes.
Menciona que las autoridades de los tres niveles de gobierno necesitan transitar hacia un marco legal y regulatorio que permita asegurar el acceso equitativo al agua y que garantice el derecho de los ciudadanos a un suministro de agua seguro, limpio y asequible, además de aprovechar el mandato de expedir una nueva Ley General de Aguas será clave para iniciar el camino hacia una legislación y gestión más eficientes.
PROPUESTA
Para atender a esta problemática, el IMCO propone que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Congreso de la Unión garantice recursos suficientes para que la CONAGUA pueda invertir en tecnología y recursos humanos; que la CONAGUA y el Congreso de la Unión ajusten los volúmenes abiertos a concesionar para la extracción de agua superficial o subterránea.
Además de que la CONAGUA y la PROFEPA garanticen inspecciones y vigilancia suficientes para los sistemas de aguas y, es que, aunque menciona que es mandato por ley, en la práctica es limitado e insuficiente esta acción para los riesgos que enfrenta el país en términos de contaminación y sobreexplotación, lo cual, indica, abre camino a la corrupción y promueve un uso ineficiente del agua.
