CELAYA, Gto.- Ocho años han pasado desde que José Luis murió en un accidente que sufrió la patrulla en la que viajaba y se desempeñaba como guardia ferroviario; desde entonces, su esposa, la señora Verónica, ha enfrentado una batalla legal para que el responsable se haga cargo de la reparación del daño y pague la indemnización que ya determinó un juez. Sin embargo, la falta de colaboración de la Fiscalía del Estado de México ha impedido que el caso, que debió resolverse en un par de años, continúe abierto.
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Verónica acudió a El Sol del Bajío a fin de hacerse escuchar y encontrar una respuesta por parte de las autoridades correspondientes, ya que la sentencia en contra del presunto responsable por la muerte de su esposo fue girada en el año 2019 y ratificada en 2020, pero ésta no ha procedido porque no se ha realizado la aprehensión de quien debe pagar por el homicidio culposo.
De los hechos, El Sol del Bajío dio cuenta en enero de 2016, cuando la camioneta de vigilancia ferroviaria en la que iba José Luis sufrió un accidente en Apaseo el Grande, perdiendo la vida éste en el lugar y resultando cinco guardias más lesionados. Verónica relató que el conductor iba a exceso de velocidad y por un camino de terracería, custodiando el ferrocarril y fue debido a lo anterior, la oscuridad y el cansancio que terminó impactando la unidad contra un poste. En ese momento falleció su esposo y otro joven perdió la vida días después en el hospital.
Mencionó que desde entonces ha entablado un proceso legal con el propósito de recibir una indemnización para ella y su hijo, producto de su matrimonio con José Luis. Ha sido asesorada por un abogado de oficio y distintos representantes de la Fiscalía de Guanajuato en Celaya han tenido información del caso, pero nada pueden hacer ante la falta de respuesta de la Fiscalía del Estado de México, a donde se han enviado oficios y petición de colaboración para lograr la detención del presunto responsable.
En estos años, tanto el conductor como la empresa Cuerpo de Vigilancia Auxiliar Urbana del Estado de México, dedicada a la seguridad y vigilancia ferroviaria, han interpuestos dos amparos, mismos que fueron desestimados por el juez, quien finalmente dictó una sentencia de tres años de prisión preventiva, el pago de una multa por tres mil 142. 72 pesos y la reparación de daño por 369 mil 582.04 pesos por el delito de Homicidio Culposo.
Lo único que falta para dar por terminado el caso, es lograr la localización del presunto culpable, quien, a decir de la afectada, radica en el Estado de México, pero la Fiscalía de aquella entidad no ha colaborado para dar con su paradero y cumplimentar la orden de aprehensión que hay en su contra; mientras que en la Fiscalía de Guanajuato, a través del personal que integra la región C con sede en Celaya, la han invitado a que “busque por sus propios medios”.
