/ martes 6 de septiembre de 2022

Desastre en derechos humanos empeorará si se mantiene al Ejército en las calles: HRW

Human Rights Watch advirtió que durante el tiempo que el Ejército ha participado en tareas de seguridad, las violaciones a derechos humanos incrementaron, pero la violencia no disminuyó

El desastre que atraviesa México en materia de derechos humanos –advirtió Human Rights Watch– empeorará si se mantiene al Ejército en las tareas de seguridad pública como propone el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Entregar a las Fuerzas Armadas el control total de las tareas de seguridad pública mientras se limita la capacidad de autoridades civiles de fiscalizar el actuar de los soldados desplegados en las calles amenaza con agudizar el desastre de derechos humanos que atraviesa México”, expresó Tamara Taraciuk, subdirectora para las Américas de HRW, en un posicionamiento.

La postura pública de esta organización internacional de derechos humanos se produce mientras el presidente busca que las Fuerzas Armadas se encarguen de las tareas de seguridad pública a largo plazo.

Asimismo, la iniciativa aprobada el sábado pasado en la Cámara de Diputados, trasladaría el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a espera de que se discuta en el Senado.

La propuesta presidencial daría de baja a casi todos los elementos civiles de la Guardia Nacional, mientras que la mayoría de los soldados y marinos adscritos a este cuerpo, que fue creado como una institución civil, quedarían sujetos a la jurisdicción militar, aunque realicen tareas de seguridad civil.

“En el pasado, la aplicación de la jurisdicción militar, a pesar de una reforma que prohíbe su uso para investigar violaciones de derechos humanos cometidas por militares contra civiles, ha permitido a los soldados esquivar la Justicia en estos casos”, denunció HRW.

El organismo global también alertó que López Obrador tendría amplias facultades para desplegar militares en tareas de seguridad pública, lo que contraviene jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“El despliegue de militares para tareas de seguridad pública durante los últimos 16 años no ha logrado reducir la violencia en México y ha dado lugar a graves abusos de derechos humanos. Los senadores aún están a tiempo para frenar la militarización. Deberían rechazar esta propuesta”, insistió Taraciuk.

Este martes, López Obrador también planteó realizar una consulta popular para que la ciudadanía decida si quiere mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y evaluar a la Guardia Nacional cuando pase a control militar.

El mandatario, quien en campaña estaba en contra de la militarización, admitió que cambió de opinión por la inseguridad que heredó.

Desde el comienzo de su mandato, el 1 de diciembre de 2018, López Obrador no ha conseguido rebajar los niveles de violencia, y el país registró los dos años más violentos de su historia con 34 mil 681 víctimas de asesinatos en 2019 y 34 mil 554 en 2020.

El desastre que atraviesa México en materia de derechos humanos –advirtió Human Rights Watch– empeorará si se mantiene al Ejército en las tareas de seguridad pública como propone el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Entregar a las Fuerzas Armadas el control total de las tareas de seguridad pública mientras se limita la capacidad de autoridades civiles de fiscalizar el actuar de los soldados desplegados en las calles amenaza con agudizar el desastre de derechos humanos que atraviesa México”, expresó Tamara Taraciuk, subdirectora para las Américas de HRW, en un posicionamiento.

La postura pública de esta organización internacional de derechos humanos se produce mientras el presidente busca que las Fuerzas Armadas se encarguen de las tareas de seguridad pública a largo plazo.

Asimismo, la iniciativa aprobada el sábado pasado en la Cámara de Diputados, trasladaría el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a espera de que se discuta en el Senado.

La propuesta presidencial daría de baja a casi todos los elementos civiles de la Guardia Nacional, mientras que la mayoría de los soldados y marinos adscritos a este cuerpo, que fue creado como una institución civil, quedarían sujetos a la jurisdicción militar, aunque realicen tareas de seguridad civil.

“En el pasado, la aplicación de la jurisdicción militar, a pesar de una reforma que prohíbe su uso para investigar violaciones de derechos humanos cometidas por militares contra civiles, ha permitido a los soldados esquivar la Justicia en estos casos”, denunció HRW.

El organismo global también alertó que López Obrador tendría amplias facultades para desplegar militares en tareas de seguridad pública, lo que contraviene jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“El despliegue de militares para tareas de seguridad pública durante los últimos 16 años no ha logrado reducir la violencia en México y ha dado lugar a graves abusos de derechos humanos. Los senadores aún están a tiempo para frenar la militarización. Deberían rechazar esta propuesta”, insistió Taraciuk.

Este martes, López Obrador también planteó realizar una consulta popular para que la ciudadanía decida si quiere mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y evaluar a la Guardia Nacional cuando pase a control militar.

El mandatario, quien en campaña estaba en contra de la militarización, admitió que cambió de opinión por la inseguridad que heredó.

Desde el comienzo de su mandato, el 1 de diciembre de 2018, López Obrador no ha conseguido rebajar los niveles de violencia, y el país registró los dos años más violentos de su historia con 34 mil 681 víctimas de asesinatos en 2019 y 34 mil 554 en 2020.

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