/ martes 29 de septiembre de 2020

Penal Puente Grande ya estaba subutilizado

Desde julio y agosto, el Gobierno federal comenzó con el traslado de presos al penal de Buenavista

El Gobierno federal cerrará el Centro de Readaptación Social número 2 de Occidente, con sede en Puente Grande, Jalisco. Según lo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el penal se desincorporará del Sistema Penitenciario Federal.

El reclusorio federal de Puente Grande nació en 1993 como parte de un proyecto de cárceles de máxima seguridad para contener a reos considerados como de alta peligrosidad. Era el segundo a nivel nacional, después solo del penal federal del Altiplano. Trascendió más por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, en 2001, y por los personajes que llegó a hospedar, que convirtieron ese sitio en una bomba de tiempo que el 1 de julio de este año tuvo que ser desactivada con el traslado urgente de 380 reos.

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Ya estaba subutilizado. Desde hace dos meses los dormitorios 1 al 4 estaban vacíos, sólo se ocupaban los dormitorios 5 al 8. A la fecha había 376 internos, según los cuadernos mensuales de información estadística penitenciaria nacional.

José Refugio Rodríguez, abogado de El Chapo, señala a El Sol de México que desde principios de julio y parte de agosto, el gobierno federal comenzó con el traslado de presos al penal de Buenavista, en Michoacán, por lo que ya se tenía el plan de cerrarlo.

Desde mayo pasado el Cefereso vivió momentos difíciles. Todo comenzó el 8 de mayo, cuando murió presuntamente por Covid-19 el interno Moisés Escamilla May, El Gordo May, líder de una de las células de Los Zetas que operaba en Quintana Roo.

Cuatro días más tarde se presentó un amparo que fue desechado por no tener los nombres de los internos que reclamaban acciones para frenar los contagios, y entonces intervino la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), para tramitar nuevo juicio de garantías a favor de 379 personas, por “omisión de realizar acciones efectivas para la prevención del contagio del virus denominado Covid-19”.

El 29 de mayo, la Secretaría de Salud federal aplicó 500 pruebas y tres días después se dieron protestas por ese motivo. El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), encargado de la administración de las cárceles federales, designó a Luis Fernando Mendoza Castellanos como nuevo director del penal. Quedó fuera Salvador del Monte Solís.

En junio 30, un total de 80 servidores públicos del Cefereso fueron enviados asignados al Cefereso 17 de Michoacán y al día siguiente 380 reos de los dormitorios 1 al 4 fueron sacados de Jalisco y enviados a ese mismo reclusorio de la población de Buenavista. Entre ellos iba Miguel Ángel Treviño Morales “Z-40” e integrantes de su organización.

Quedaron sólo 376 internos en los dormitorios del 5 al 8 y los problemas continuaron. El 18 de agosto personal de custodia entró al dormitorio 7 para revisión y encontraron un teléfono celular, lo que generó un pleito. Internos adujeron que los custodios se mostraron agresivos con ellos e incluso sostuvieron que fue un ataque directo ordenado desde los altos mandos del reclusorio porque ellos mantenían una huelga de hambre. El saldo: seis custodios heridos, dos de ellos graves.

Cinco días más tarde se dio una nueva riña entre internos sin personas lesionadas. Así acabaron los últimos días de un reclusorio de corta vida, apenas 27 años, y que además de El Chapo albergó a personajes como Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo, Miguel Ángel Treviño Morales, Mauro Adrián Villegas El Blacky, Jesús Alfredo Beltrán Guzmán El Mochomito, Israel Vallarta Cisneros y Rodrigo Villegas Bon, jefe de pistoleros de los hermanos Arellano Félix.

COSTOS PROVOCARON CIERRE: EXPERTO

De acuerdo con Samuel González, ex titular de la Unidad Especializada de Delincuencia Organizada, el cierre del penal de Puente Grande obedece a lo costoso que le significaba al Gobierno federal mantenerlo en funcionamiento y a la caída en las estadísticas de la población penitenciaria a la luz de los programas de no abuso de la pena de prisión. Sostiene que, comparado con lo que cuesta un penal público-privado, “Puente Grande sí era muy costoso”.

“El hecho que se cierre Puente Grande, tiene que ver con una relación de costo-beneficio y entre el gobierno y lo privado. Los penales que quedan sin la iniciativa privada son más costosos de manejar y han determinado que el modelo publico privado funciona mejor”, dice el especialista en temas de seguridad.

Por su parte José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, considera que el cierre del Cefereso “en nada ayuda a la despresurización de los penales, al contrario, esta decisión precipitada, hace más critica la situación de los penales ya que se está metiendo a más gente que no tenían contemplada”.

Ortega opina que el anuncio del cierre de Puente Grande fue muy raro, ya que no hay una explicación amplia de lo que pasará con los internos y el personal que atendía el centro de readaptación social. “Me perece que en estas circunstancias, es difícil poder cerrarlo sin que tenga consecuencias para los internos y los que los cuidan”.

De acuerdo con el decreto publicado en el DOF, y signado por el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, “las personas privadas de la libertad que alberga el Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente" serán trasladadas a los centros federales de readaptación social que determine el Comisionado de Prevención y Readaptación Social”.

En cuanto a los derechos de los trabajadores, serán respetados conforme a la ley, por lo que serán reubicados en otros centros penitenciarios federales que determine el mismo Comisionado, de acuerdo a las necesidades del servicio de la Institución, indica el documento

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana determinará en su momento el destino final del bien inmueble que ocupa Puente Grande y la Dirección General de Administración de Prevención y Readaptación Social, realizará las acciones conducentes para el destino final de los bienes muebles.


Con información de Manrique Gandaria | El Sol de México

El Gobierno federal cerrará el Centro de Readaptación Social número 2 de Occidente, con sede en Puente Grande, Jalisco. Según lo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el penal se desincorporará del Sistema Penitenciario Federal.

El reclusorio federal de Puente Grande nació en 1993 como parte de un proyecto de cárceles de máxima seguridad para contener a reos considerados como de alta peligrosidad. Era el segundo a nivel nacional, después solo del penal federal del Altiplano. Trascendió más por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, en 2001, y por los personajes que llegó a hospedar, que convirtieron ese sitio en una bomba de tiempo que el 1 de julio de este año tuvo que ser desactivada con el traslado urgente de 380 reos.

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Ya estaba subutilizado. Desde hace dos meses los dormitorios 1 al 4 estaban vacíos, sólo se ocupaban los dormitorios 5 al 8. A la fecha había 376 internos, según los cuadernos mensuales de información estadística penitenciaria nacional.

José Refugio Rodríguez, abogado de El Chapo, señala a El Sol de México que desde principios de julio y parte de agosto, el gobierno federal comenzó con el traslado de presos al penal de Buenavista, en Michoacán, por lo que ya se tenía el plan de cerrarlo.

Desde mayo pasado el Cefereso vivió momentos difíciles. Todo comenzó el 8 de mayo, cuando murió presuntamente por Covid-19 el interno Moisés Escamilla May, El Gordo May, líder de una de las células de Los Zetas que operaba en Quintana Roo.

Cuatro días más tarde se presentó un amparo que fue desechado por no tener los nombres de los internos que reclamaban acciones para frenar los contagios, y entonces intervino la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), para tramitar nuevo juicio de garantías a favor de 379 personas, por “omisión de realizar acciones efectivas para la prevención del contagio del virus denominado Covid-19”.

El 29 de mayo, la Secretaría de Salud federal aplicó 500 pruebas y tres días después se dieron protestas por ese motivo. El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), encargado de la administración de las cárceles federales, designó a Luis Fernando Mendoza Castellanos como nuevo director del penal. Quedó fuera Salvador del Monte Solís.

En junio 30, un total de 80 servidores públicos del Cefereso fueron enviados asignados al Cefereso 17 de Michoacán y al día siguiente 380 reos de los dormitorios 1 al 4 fueron sacados de Jalisco y enviados a ese mismo reclusorio de la población de Buenavista. Entre ellos iba Miguel Ángel Treviño Morales “Z-40” e integrantes de su organización.

Quedaron sólo 376 internos en los dormitorios del 5 al 8 y los problemas continuaron. El 18 de agosto personal de custodia entró al dormitorio 7 para revisión y encontraron un teléfono celular, lo que generó un pleito. Internos adujeron que los custodios se mostraron agresivos con ellos e incluso sostuvieron que fue un ataque directo ordenado desde los altos mandos del reclusorio porque ellos mantenían una huelga de hambre. El saldo: seis custodios heridos, dos de ellos graves.

Cinco días más tarde se dio una nueva riña entre internos sin personas lesionadas. Así acabaron los últimos días de un reclusorio de corta vida, apenas 27 años, y que además de El Chapo albergó a personajes como Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo, Miguel Ángel Treviño Morales, Mauro Adrián Villegas El Blacky, Jesús Alfredo Beltrán Guzmán El Mochomito, Israel Vallarta Cisneros y Rodrigo Villegas Bon, jefe de pistoleros de los hermanos Arellano Félix.

COSTOS PROVOCARON CIERRE: EXPERTO

De acuerdo con Samuel González, ex titular de la Unidad Especializada de Delincuencia Organizada, el cierre del penal de Puente Grande obedece a lo costoso que le significaba al Gobierno federal mantenerlo en funcionamiento y a la caída en las estadísticas de la población penitenciaria a la luz de los programas de no abuso de la pena de prisión. Sostiene que, comparado con lo que cuesta un penal público-privado, “Puente Grande sí era muy costoso”.

“El hecho que se cierre Puente Grande, tiene que ver con una relación de costo-beneficio y entre el gobierno y lo privado. Los penales que quedan sin la iniciativa privada son más costosos de manejar y han determinado que el modelo publico privado funciona mejor”, dice el especialista en temas de seguridad.

Por su parte José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, considera que el cierre del Cefereso “en nada ayuda a la despresurización de los penales, al contrario, esta decisión precipitada, hace más critica la situación de los penales ya que se está metiendo a más gente que no tenían contemplada”.

Ortega opina que el anuncio del cierre de Puente Grande fue muy raro, ya que no hay una explicación amplia de lo que pasará con los internos y el personal que atendía el centro de readaptación social. “Me perece que en estas circunstancias, es difícil poder cerrarlo sin que tenga consecuencias para los internos y los que los cuidan”.

De acuerdo con el decreto publicado en el DOF, y signado por el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, “las personas privadas de la libertad que alberga el Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente" serán trasladadas a los centros federales de readaptación social que determine el Comisionado de Prevención y Readaptación Social”.

En cuanto a los derechos de los trabajadores, serán respetados conforme a la ley, por lo que serán reubicados en otros centros penitenciarios federales que determine el mismo Comisionado, de acuerdo a las necesidades del servicio de la Institución, indica el documento

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana determinará en su momento el destino final del bien inmueble que ocupa Puente Grande y la Dirección General de Administración de Prevención y Readaptación Social, realizará las acciones conducentes para el destino final de los bienes muebles.


Con información de Manrique Gandaria | El Sol de México

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