/ martes 26 de marzo de 2024

El Justo Medio

El Estado de Derecho en Guanajuato; muy bien y muy mal.

Durante más de diez años, el Proyecto de Justicia Mundial ha medido en 140 países, desde una perspectiva ciudadana, el grado de adhesión al Estado de Derecho, entendido este concepto como “un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades están sujetas al cumplimiento de la ley, la cual es respetuosa de los derechos humanos y se aplica de forma equitativa, justa y eficiente”.

El Proyecto de Justicia Mundial reconoce que el Estado de Derecho es un concepto difícil de definir y de medir. El Índice de Estado de Derecho utiliza un marco conceptual y metodológico definido por cuatro principios universales: la rendición de cuentas, las leyes justas, el proceso justo y los mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas. A través de 42 indicadores, el Proyecto de Justicia Mundial construye un índice que se ha convertido en una de las herramientas más completas a nivel mundial para generar información acerca de las experiencias y percepciones de las personas en temas como corrupción, contacto con las autoridades, seguridad, victimización, derechos fundamentales y acceso a la justicia.

En la edición del 2023, el Índice del Estado de Derecho en México presenta los resultados a nivel estatal, asegurando que “ningún estado se acerca a la calificación idónea, ni alcanza un puntaje superior a 0.5, lo que significa que todas las entidades del país tienen grandes retos en esta materia”. Comparado con los resultados del 2022, en el 2023 en México aumentaron su desempeño 19 entidades, 10 permanecieron sin cambios y 3 mostraron deterioros en la situación que guarda el Estado de Derecho.

Específicamente Guanajuato, se ubicó como como la segunda entidad con mejor desempeño en materia del Estado de Derecho, después de Querétaro. Entre el 2018 y el 2023, Guanajuato ha escalado 9 posiciones. Específicamente, entre el 2022 y el 2023, Guanajuato subió una posición a pesar de ser una de las tres entidades con mayor índice de criminalidad y percepción de inseguridad. El buen resultado que logró Guanajuato en la actual administración está sustentado, principalmente, en variables relacionadas con el ejercicio de un gobierno abierto, cumplimiento regulatorio, justicia civil y ausencia de corrupción.

En cuanto al desempeño en la variable de ‘gobierno abierto’, Guanajuato ocupa el primer lugar nacional, con una medición que resulta 38 por ciento por arriba de la media nacional. Este factor mide si la ciudadanía puede participar de forma efectiva en la formulación de políticas públicas y la capacidad que tiene para acceder de forma completa y oportuna a la información pública y a los datos abiertos. La entidad con el peor desempeño en esta variable es Guerrero.

En lo que se refiere a la medición en la variable ‘cumplimiento regulatorio’, Guanajuato ocupa también el primer lugar nacional, con una medición que resulta 35 por ciento por arriba de la media nacional. Este factor mide si, en la práctica, las empresas cumplen con la normatividad laboral, ambiental, comercial y de salud pública, y si las autoridades las investigan y sancionan cuando incumplen con dicha normatividad; además mide la ausencia de corrupción e influencias indebidas en la aplicación de normas y regulaciones al realizar pagos o trámites. La entidad con el peor desempeño en esta variable es Quintana Roo.

Por otro lado, en la medición de la variable ‘justicia civil’, Guanajuato ocupa, una vez más, el primer lugar nacional, con una medición que resulta 32 por ciento por arriba de la media nacional.

Este factor mide si las personas pueden acceder a mecanismos pacíficos y efectivos para resolver sus controversias a través del sistema de justicia civil. La entidad con el peor desempeño en esta variable es Veracruz.

En cuanto al desempeño en la variable de ‘ausencia de corrupción’, Guanajuato ocupa el segundo lugar nacional, después de Querétaro, con una medición que resulta 24 por ciento por arriba de la media nacional. En el Índice, la corrupción es definida como el uso del poder público para obtener un beneficio privado, en los poderes ejecutivo, legislativo, y judicial y en el sistema de seguridad y procuración de justicia. Esta dimensión considera tres formas de corrupción: sobornos, influencias indebidas, y la apropiación indebida de recursos públicos. La entidad con el peor desempeño en esta variable es la Ciudad de México.

A pesar de las fortalezas antes señaladas, Guanajuato observa enormes áreas de oportunidad en la variable ‘orden y seguridad’, en la cual la entidad ocupa la posición 30 entre las 32 entidades del país. Esta variable mide si el Estado es efectivo en garantizar la seguridad de las personas y la de sus propiedades. En su cuantificación, considera la tasa de homicidios, la incidencia y prevalencia de delitos y la percepción de seguridad de las personas en su estado y en espacios como su casa, trabajo, calle, escuela, mercado, parque, centro comercial, banco, cajero automático, transporte público, automóvil y carreteras. La entidad con el peor desempeño en esta variable es el Estado de México.

LA VIRTUD DEL JUSTO MEDIO

Más allá de la metodología que utiliza el Proyecto de Justicia Mundial, en lo personal me resulta complejo reconocer que Guanajuato es fuerte en cuanto a la situación que guarda el Estado de Derecho cuando no existen garantías mínimas para vivir con tranquilidad y seguridad. Debemos reconocer las fortalezas institucionales con las que Guanajuato ha consolidado avances en el ejercicio de gobierno y combate a la corrupción, pero, con mayor fuerza, debemos subrayar la falta de avances sustanciales en la recuperación de la paz y la tranquilidad.

El Estado de Derecho en Guanajuato; muy bien y muy mal.

Durante más de diez años, el Proyecto de Justicia Mundial ha medido en 140 países, desde una perspectiva ciudadana, el grado de adhesión al Estado de Derecho, entendido este concepto como “un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades están sujetas al cumplimiento de la ley, la cual es respetuosa de los derechos humanos y se aplica de forma equitativa, justa y eficiente”.

El Proyecto de Justicia Mundial reconoce que el Estado de Derecho es un concepto difícil de definir y de medir. El Índice de Estado de Derecho utiliza un marco conceptual y metodológico definido por cuatro principios universales: la rendición de cuentas, las leyes justas, el proceso justo y los mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas. A través de 42 indicadores, el Proyecto de Justicia Mundial construye un índice que se ha convertido en una de las herramientas más completas a nivel mundial para generar información acerca de las experiencias y percepciones de las personas en temas como corrupción, contacto con las autoridades, seguridad, victimización, derechos fundamentales y acceso a la justicia.

En la edición del 2023, el Índice del Estado de Derecho en México presenta los resultados a nivel estatal, asegurando que “ningún estado se acerca a la calificación idónea, ni alcanza un puntaje superior a 0.5, lo que significa que todas las entidades del país tienen grandes retos en esta materia”. Comparado con los resultados del 2022, en el 2023 en México aumentaron su desempeño 19 entidades, 10 permanecieron sin cambios y 3 mostraron deterioros en la situación que guarda el Estado de Derecho.

Específicamente Guanajuato, se ubicó como como la segunda entidad con mejor desempeño en materia del Estado de Derecho, después de Querétaro. Entre el 2018 y el 2023, Guanajuato ha escalado 9 posiciones. Específicamente, entre el 2022 y el 2023, Guanajuato subió una posición a pesar de ser una de las tres entidades con mayor índice de criminalidad y percepción de inseguridad. El buen resultado que logró Guanajuato en la actual administración está sustentado, principalmente, en variables relacionadas con el ejercicio de un gobierno abierto, cumplimiento regulatorio, justicia civil y ausencia de corrupción.

En cuanto al desempeño en la variable de ‘gobierno abierto’, Guanajuato ocupa el primer lugar nacional, con una medición que resulta 38 por ciento por arriba de la media nacional. Este factor mide si la ciudadanía puede participar de forma efectiva en la formulación de políticas públicas y la capacidad que tiene para acceder de forma completa y oportuna a la información pública y a los datos abiertos. La entidad con el peor desempeño en esta variable es Guerrero.

En lo que se refiere a la medición en la variable ‘cumplimiento regulatorio’, Guanajuato ocupa también el primer lugar nacional, con una medición que resulta 35 por ciento por arriba de la media nacional. Este factor mide si, en la práctica, las empresas cumplen con la normatividad laboral, ambiental, comercial y de salud pública, y si las autoridades las investigan y sancionan cuando incumplen con dicha normatividad; además mide la ausencia de corrupción e influencias indebidas en la aplicación de normas y regulaciones al realizar pagos o trámites. La entidad con el peor desempeño en esta variable es Quintana Roo.

Por otro lado, en la medición de la variable ‘justicia civil’, Guanajuato ocupa, una vez más, el primer lugar nacional, con una medición que resulta 32 por ciento por arriba de la media nacional.

Este factor mide si las personas pueden acceder a mecanismos pacíficos y efectivos para resolver sus controversias a través del sistema de justicia civil. La entidad con el peor desempeño en esta variable es Veracruz.

En cuanto al desempeño en la variable de ‘ausencia de corrupción’, Guanajuato ocupa el segundo lugar nacional, después de Querétaro, con una medición que resulta 24 por ciento por arriba de la media nacional. En el Índice, la corrupción es definida como el uso del poder público para obtener un beneficio privado, en los poderes ejecutivo, legislativo, y judicial y en el sistema de seguridad y procuración de justicia. Esta dimensión considera tres formas de corrupción: sobornos, influencias indebidas, y la apropiación indebida de recursos públicos. La entidad con el peor desempeño en esta variable es la Ciudad de México.

A pesar de las fortalezas antes señaladas, Guanajuato observa enormes áreas de oportunidad en la variable ‘orden y seguridad’, en la cual la entidad ocupa la posición 30 entre las 32 entidades del país. Esta variable mide si el Estado es efectivo en garantizar la seguridad de las personas y la de sus propiedades. En su cuantificación, considera la tasa de homicidios, la incidencia y prevalencia de delitos y la percepción de seguridad de las personas en su estado y en espacios como su casa, trabajo, calle, escuela, mercado, parque, centro comercial, banco, cajero automático, transporte público, automóvil y carreteras. La entidad con el peor desempeño en esta variable es el Estado de México.

LA VIRTUD DEL JUSTO MEDIO

Más allá de la metodología que utiliza el Proyecto de Justicia Mundial, en lo personal me resulta complejo reconocer que Guanajuato es fuerte en cuanto a la situación que guarda el Estado de Derecho cuando no existen garantías mínimas para vivir con tranquilidad y seguridad. Debemos reconocer las fortalezas institucionales con las que Guanajuato ha consolidado avances en el ejercicio de gobierno y combate a la corrupción, pero, con mayor fuerza, debemos subrayar la falta de avances sustanciales en la recuperación de la paz y la tranquilidad.

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