Guanajuato volvió a ser tema en el debate nacional y nuevamente por un hecho de violencia. El asesinato de la candidata a la presidencia municipal de Celaya, Gisela Gaytán Gutiérrez, tiene tantas lecturas, pero también arroja más dudas que certezas.
Días antes del asesinato, tanto el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato como autoridades estatales, entre ellas el secretario de Gobierno, Jesús Oviedo Herrera, aseguraban que no avizoraban riesgos de violencia ni en las campañas ni en el día de la elección el próximo dos de junio. Que tenían un operativo que habían acordado y en el que participarían los tres órdenes de gobierno. Que había confianza en que sería un proceso tranquilo, aunque en la elección de 2021 fueron asesinados el precandidato del PAN a la presidencia municipal de Juventino Rosas, José Antonio Acosta Cano; el candidato a regidor por el PRD para el Ayuntamiento de Apaseo el Grande, Alejandro Galicia Juárez, y la candidata a la alcaldía de Moroleón por Movimiento Ciudadano, Alma Barragán Santiago. Sin embargo, a más de uno le fallaron los pronósticos alegres, pues un día después del arranque oficial para hacer proselitismo para las candidaturas a las presidencias municipales, Gisela Gaytán fue asesinada.
El video que circuló en redes sociales muestra que el crimen está más organizado que las mismas autoridades de todos los niveles. Fuentes de la Fiscalía General del Estado informaron a Organización Editorial Mexicana que la investigación arrojó que por lo menos cuatro hombres fueron los que perpetraron el asesinato: quien disparó, quien estuvo listo para en motocicleta llevarse al autor del atentado y dos más que sirvieron como escudo, por si algo se salía de control. Los cuatro actuaron con toda libertad, sin problemas, pues la candidata iba acompañada sólo de algunos simpatizantes y gente de su equipo.
¿Quién disparó contra la candidata? ¿Quién ordenó hacerlo? ¿Por qué Gisela Gaytán? ¿Por qué si había solicitado seguridad, no se le otorgó? ¿Quién falló? ¿Quién minimizó la situación de inseguridad que se vive en la región Laja-Bajío? Son sólo algunas de las interrogantes y todo termina en donde inició: las autoridades de los tres órdenes de gobierno, incluida ahora la electoral, no trabajan de manera coordinada, particularmente en temas de prevención.
Y como ha ocurrido en otros hechos de alto impacto, la discusión posterior se tradujo en acusaciones estériles, como que por ser un acto cometido por el crimen organizado le tocaba prevenirlo al gobierno federal, pero que al ser un homicidio le tocaba a la autoridad local. Seis años en los que la discusión sigue siendo la misma, cada quien rebota la pelota a donde le quede más lejos de su lugar, mientras que el crimen logra su objetivo: generar miedo, encono, polarización e incluso hacerse de territorios para poner personas afines a ellos.
Burocratismo innecesario
El caso de Gisela Gaytán ha evidenciado también que el Instituto Electoral del Estado está más preocupado en ver cómo bloquear la labor de los medios de comunicación, que en atender lo que le tocaría. En un proceso que es considerado el más importante de los últimos años y en donde se debería tener mayor publicidad sobre las acciones llevadas a cabo, no ha sido así. El sábado 30 de marzo, reporteras y reporteros que cubren la fuente fueron sacados del lugar donde sesionaba el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, sin ningún argumento.
También el asesinato de Gisela Gaytán ha permitido ver que hay un burocratismo innecesario para que una candidata o un candidato solicitaran seguridad. En Guanajuato, el estado que ha ocupado el primer lugar nacional al tener la mayor cantidad de personas asesinadas desde 2018, para que una candidata o candidato solicite seguridad debe, entre otras cosas, avisar a la Secretaría de Gobierno que quiere seguridad y el porqué, lo mismo debe hacer ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, debe esperar a que sea recibida su petición y, de ser posible, que presente una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, así como también debe otorgar todos sus datos personales para que sea analizada su solicitud y ver si es procedente el que le sean otorgados los elementos que le protegerán. Es necesaria una reforma electoral para eliminar ese burocratismo. Por ahora, en lo que resta de las campañas, quienes soliciten seguridad se les dará al día siguiente. ¿Alcanzarán los policías, militares o Fuerzas de Seguridad Pública del Estado? Tan sólo en Guanajuato están en juego una gubernatura, 46 presidencias municipales, 36 diputaciones locales y 418 regidurías. Se antoja complicado poner un policía para cada aspirante, sobre todo porque hay corporaciones que apenas si tienen gente, como Salamanca, que no llega ni a los 120 elementos, sin hablar de casos como Pueblo Nuevo, en donde la cantidad es irrisoria.
Lucrar con la tragedia
Lo grave de todo esto es el lucro político que tanto el PAN como Morena hicieron del asesinato de Gisela Gaytán. Morena, por ejemplo, una protesta la convirtió en mitin, en donde los gritos de “presidenta, presidenta”, para referirse a Gisela Gaytán, se escucharon en el Congreso del Estado, así como los de “gobernadora, gobernadora” para Alma Alcaraz, quien encabezó dicha protesta. No sólo fue de pésimo gusto, sino también una situación que más que abonarle, dejó mal parado a Morena.
Pero en el lado del PAN también fue una mala estrategia el recurrir a lo que se consideró una revictimización, como el sugerir que el asesinato de la candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya podría haber surgido desde el interior del partido. De hecho, la Fiscalía General del Estado tomó esta línea de investigación de entre las varias que tiene sobre el caso, luego de los dichos Raúl González Meza, coordinador territorial municipal de Gisela Gaytán, quien refirió en una entrevista nacional que originalmente la candidata no tenía agendado acudir a San Miguel Octopan, pero alguien del equipo le sugirió agregarlo y así lo hicieron. A las cinco de la tarde fue agendada la visita a esa comunidad en la que fue asesinada. Sea como fuere, reducir un hecho a un pleito interno de un partido es inadmisible. Nadie debería morir y esa debería ser la exigencia.
Espectadores ante el poderío criminal
También, el asesinato de Gisela Gaytán puso en el tema de la discusión otro tema relevante: la facilidad con la que en las calles de Guanajuato y del país hay armas de fuego de grueso calibre. Las balas que asesinaron a la candidata de Morena no eran de fabricación casera, eran de patente, de uso exclusivo del Ejército y en teoría sólo conseguibles por el gobierno federal.
El decomiso de más de 140 armas de fuego a cuatro personas en San Luis de la Paz, uno de los aseguramientos más importantes en el estado en una sola jornada, también da cuenta de que las armas de fuego están en las calles, sin control, en manos de quién sabe quién. ¿A quién le toca atender esta situación? ¿Se tiene que seguir siendo reactivo o preventivo? Mientras una autoridad asegura, la otra los deja libres. ¿Y la coordinación? Queda claro que no la ha habido y probablemente en lo que resta del año no la habrá. Queda claro que el crimen sigue un paso adelante contra las autoridades de todos los niveles, aunque éstas se nieguen a reconocerlo.
