SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto.- El diputado Ricardo Villarreal García fue demandado por la administración actual que preside el alcalde Mauricio Trejo Pureco, por presunto perjuicio al erario público por 100 millones de pesos, al vender un predio propiedad del Municipio ubicado en el fraccionamiento Garambullos.
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Pablo González Sierra, apoderado legal del Ayuntamiento actualmente, presentó una denuncia de hechos el 9 de octubre de 2023, ante la Agencia del Ministerio Público Anticorrupción en Guanajuato, donde se abrió una carpeta de investigación con el número 117-182-2023.
Informó para El Sol del Bajío que: “en primer lugar, la denuncia es ante probables hechos que pudiesen ser constitutivos de los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, previsto en el artículo 253 del Código Penal de Guanajuato, peculado del artículo 248 del Código Penal y tráfico de influencias del artículo 152 del Código Penal, además de enriquecimiento ilícito del artículo 250 del Código Penal”.
Agregó que los hechos, fundamentalmente son los siguientes: “es probable que unos funcionarios del municipio de San Miguel de Allende, con el poder de decisión de qué vender y qué no vender del patrimonio del municipio de San Miguel de Allende, hayan decidido venderse a sí mismos un terreno de 9 mil 237 metros cuadrados, ubicado en un fraccionamiento denominado Garambullos, en el municipio de San Miguel de Allende, en un valor que muy probablemente sea de una décima parte del valor real que comercialmente tenía este inmueble”.
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Pablo González comentó que esto sucedió mediante un acuerdo de Ayuntamiento del 18 de febrero del 2018, en donde el ayuntamiento acordó aprobar la desafectación del predio municipal, propiedad del municipio de San Miguel de Allende, identificado como parque 1 del fraccionamiento Garambullos con la superficie de 9 mil 237 metros cuadrados en favor de una empresa sociedad anónima que se llama Aquacap.
“Dicha empresa, en ese momento representada por el señor José Antonio Ávila Gómez, el municipio acordó la desafectación y venta del inmueble y esto se realizó el día 27 de septiembre de 2018, a unos cuantos días de que saliera la administración del trienio 2015-2018, mediante escritura pública 1747 tirada ante la fe del notario público Manuel García García, el notario público que creo tiene una relación de parentesco con el señor Ricardo Villarreal García”.
Agregó que la compraventa se realizó por un valor de 8 millones 313 mil pesos, que fue lo que pagó la empresa Aquacap representada por José Antonio Villagómez a favor del Municipio, “esto no tendría una problemática especial si no consideramos que el valor del inmueble no era ese en 2018, sino que tenemos un informe pericial que señala que para ese tiempo, el valor del inmueble era de alrededor de 109 millones de pesos, y que en la fecha actual ese mismo predio, que antes era del municipio y que ya no es, tendría un valor de 140 millones de pesos, según lo que se está vendiendo y ofertando en ese mismo fraccionamiento de Garambullos”, indicó González.
“Creemos fundadamente que es altamente probable que la empresa Aquacap de México S.A de C.V. esté representada por José Antonio Villagómez y su hijo Leonardo Ávila Alcántar que son los dos socios, no tuvo, ni tiene, ni ha tenido los ingresos para hacer esta compra, de hecho creemos que los dos socios en realidad pudieran ser, en lo que los términos de los tramas de corrupción, puedan ser una empresa fachada, de unos socios fachada, que en realidad son aprovechados su valor comercial de los bienes que compran por otras personas y creemos fundadamente que quien se aprovecha de estos bienes, y del valor de estos bienes del predio y la compra de Aquacap pudiera ser el señor Ricardo Villarreal García”, dijo Pablo González.
Manifestó que para que el municipio pudiera hacer esto, el conglomerado de 12 personas del ayuntamiento, tiene que decidir con base a información técnica que le pudieran dar los organismos técnicos del propio municipio, en el desarrollo ordinario de una decisión así se le pide siempre su parecer al director o directora de Catastro y Predial de San Miguel, al director de Desarrollo Social y Humano de San Miguel de Allende, y a la Dirección Jurídica de San Miguel de Allende.
“En este caso el director Osvaldo García era director de Desarrollo Social y Humano que tenía la obligación de cuidar los bienes del municipio, de verificar los valores reales, y él fue una de las personas funcionarios públicos que dio su consentimiento y su visto bueno, para que el órgano decisor que es el Ayuntamiento pudiera dar el sí a la desafectación del inmueble y a la venta del mismo en los términos solicitados por el particular, de tal manera que su intervención fue fundamentalmente el visto bueno, al firmar, el avalar, el proponer al ayuntamiento que diera el sí con su decisión para la desafectación del inmueble”, comentó Pablo.
Aseguró que, “fundamentalmente es en contra de Ricardo Villarreal, porque estimamos que él es la persona que se beneficia directamente de la fachada que significa la empresa y los socios de Aquacap, sin embargo otros funcionarios públicos que dieron el sí, pudieran tener esa responsabilidad, porque ellos están ahí y se les pide que el análisis y su visto bueno, porque son garantes de que esto no suceda, de tal manera que al dar su visto bueno están traicionando ese calidad de garante y están comprometiendo los bienes del municipio, si es que se comprueba lo que nosotros decimos, solamente son una empresa fachada y unos socios fachada”.
Finalizó diciendo que se estima que sean aproximadamente 100 millones de pesos para redondearlos, “por qué razón, porque el predio fue pagado en 8 millones 300 mil pesos, en realidad el predio costaba 109 millones de pesos, por lo tanto si hacemos una sencilla resta ya tenemos que en realidad el daño al erario público es de esa cantidad”.
