León, Gto.- Las 75 controversias constitucionales que presentó Acción Nacional de municipios de todo el país contra la Reforma de la Ley de Comunicación Social del Plan B del Gobierno Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, fueron aceptadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Lo anterior dio a conocer la SCJN, la cual agregó en un comunicado que admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra del Decreto que Reforma diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y concedió suspensión.
➡ Suscríbete a nuestra edición digital
Se informó que el ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos políticos PRD, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
Asimismo, también se aceptó los amparos de diversos Diputados y Senadores integrantes de la actual LXV Legislatura del Congreso de la Unión, contra el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Sin embargo, declaró que se desechó la controversia constitucional presentada por el partido político del Estado de Jalisco denominado Hagamos.
“También dictó proveído en el que concedió la suspensión de dicho Decreto para el efecto de que no rija en los procesos electorales que se encuentran en desarrollo en el Estado de México y en Coahuila, sobre la base de que: i) se promulgó en el plazo de veda electoral previsto en el penúltimo párrafo fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal; ii) contiene modificaciones legales fundamentales y, iii) porque de no concederse, su aplicación podría causar afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en éste”, informó el comunicado.
En el estado de Guanajuato, 24 municipios gobernados por el Partido Acción Nacional se sumaron a los amparos en contra del decreto que impuso el presidente Andrés Manuel López Obrador a finales de diciembre del 2022 que impide a los municipios y gobiernos gastar más del .01 por ciento de su presupuesto en comunicación social.
Sobre dicho artículo, en exclusiva para el Sol de León, la presidenta municipal de León y principal impulsora de los municipios panistas para ampararse, Alejandra Gutiérrez Campos, celebró la suspensión del Plan B.
“Me da muchísimo gusto la suspensión que hoy se da al haber presentado el partido (PAN) la acción inconstitucional ante el famoso Plan B, que lo único que hace es coartar libertades y coartar la democracia de este país, felicitar y espero que también de la misma manera así se acepte y haya una suspensión con las controversias constitucionales que los municipios presentamos, fuimos más de 75 y estamos en espera de la resolución”.
Lamentó que los municipios no tengan oportunidad de dar a conocer sus obras, sobretodo los más pequeños que reciben presupuestos anuales de 100 millones de pesos, los cuales son la nueva ley sólo pueden gastar en comunicación social hasta 100 mil de pesos, mientras que municipios aún más pequeños con un presupuesto de 5 millones de pesos, el límite de gasto para labores informativas sería de 5 mil pesos.
Por su parte, el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN Guanajuato, Eduardo López Mares, comentó que en el estado se están “defendiendo las libertades, el estado de derecho y la Constitución misma, pues no se puede violentar la autonomía de los municipios, ni de los estados”.
Recordó que dicha reforma plantea disposiciones inconstitucionales, ya que tienen como fin quitar la autonomía de los municipios para ejercer recursos en pro de informar a la población y mantener cercanía con sus autoridades.
La reforma al artículo 26 de la ley en materia de comunicación social establece que el 0.1% es el porcentaje máximo del presupuesto que cada órgano de gobierno puede destinar para el área de comunicación social.
.jpg "Libia Dennise (3).jpg")