/ lunes 14 de agosto de 2023

El Justo Medio

Ni todo bueno, ni todo malo en el combate a la pobreza en México. ¡Mesura!

La pobreza es una condición que sigue afectando a 47 millones de personas en México y continúa siendo un tema de vergüenza nacional; su combate debe de ser tarea prioritaria y permanente en los tres niveles de gobierno. Las herramientas que generan el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) son de enorme valor y deben de ser analizadas y socializadas con mesura, con un abordaje integral y al margen de filias y fobias políticas.

En la última medición de la pobreza multidimensional presentada por el CONEVAL el pasado 10 de agosto del 2023, el número de personas pobres en México, entre el 2018 y el 2022, se redujo en 5.1 millones. Ello es una gran noticia, y como tal se debe de subrayar; no hacerlo sería tan irresponsable como despreciar a las políticas públicas que lograron este avance e implícitamente, entonces, cuestionar su seguimiento en detrimento de quienes gracias a ellas han superado la condición de pobreza. Estas políticas públicas son perfectibles, y hay claros indicios de ello que se comentarán en esta edición de la Columna; la visión debería de ser la de profundizar sus virtudes y superar sus debilidades, más allá de polarizar políticamente sus resultados.

En cuanto a la información publicada por el CONEVAL referente a la evolución de las seis dimensiones que construyen la definición de pobreza en México, se observan avances en cuatro de ellas. Se logró reducir, entre el 2018 y el 2022, en 1.3 millones el número de personas con carencias por acceso a los servicios básicos en la vivienda; se redujo en 1.5 millones el número de personas sin acceso a la seguridad social, aunque sigue siendo esta la carencia que más contribuye a la pobreza en el país. Se redujo en 2 millones de personas quienes sufren carencias por calidad y espacios de la vivienda. Se avanzó también en el combate a la pobreza causada por carencias por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, al observarse una reducción de 4.1 millones de personas que sufren de esta condición.

Sin embargo, en dos dimensiones que constituyen los elementos fundamentales para lograr movilidad social y un combate estructural de la pobreza que no dependa de transferencias del gobierno en el mediano y largo plazo, desafortunadamente se observaron retrocesos. Y ello también debe de ser subrayado pues, de no hacerlo, sería tanto como aceptar que aún con menor cantidad y calidad de acceso a los servicios públicos de educación y salud podríamos combatir la pobreza estructural en México. En este sentido, el número de personas en condición de rezago educativo aumentó, entre el 2018 y el 2022, en 1.5 millones de personas y, de forma alarmante, el número de personas que sufren carencias por acceso a los servicios de salud aumentó en 30.3 millones de personas.

Específicamente en la carencia relacionada con el acceso a los servicios de salud, en el 2018 había 52.1 millones de personas que contaban con Seguro Popular; en el 2022, el número de personas con acceso a la salud a través del mal logrado INSABI se redujo a 16.9 millones. La desaparición del Seguro Popular y el fracaso del INSABI dejó sin acceso a la salud a 35.2 millones de mexicanas y mexicanos, de los cuales solo 4.9 millones lograron cobertura del servicio de salud a través de alguna otra institución, principalmente el Seguro Social, cuya cobertura aumentó en este periodo en 4.1 millones de personas.

Podría resultar difícil de entender la razón por la cual, a pesar de que el número de personas sin acceso a servicios de salud aumentó en más de 30 millones en los últimos cuatro años, al mismo tiempo se puede concluir que se redujo en 5 millones la cantidad de personas pobres en el país. La explicación radica en la definición de pobreza que se aplica en México y la visión multidimensional con la que se mide. De forma oficial, una persona se considera en condición de pobreza cuando sufre por lo menos una de las seis carencias mencionadas anteriormente y, al mismo tiempo, su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. Esta última condición en la definición de pobreza fue la que contribuyó a observar la reducción reportada por el CONEVAL, pues en cuanto a las carencias sufridas en las seis dimensiones de medición hubo, incluso, un incremento. El número promedio de carencias observadas en el 2018 era de 2.3 mientras que en el 2022 fue de 2.6.

Es decir, hay una mayor cantidad de personas que sufren por lo menos de una carencia social, pero que no se consideran pobres porque su ingreso es suficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. Y fue justo en el ingreso promedio de la población en donde se observó un intenso impacto de las transferencias del gobierno, en sus tres niveles, recibidas por las familias mexicanas.

El CONEVAL reporta que en el 2018, el ingreso promedio mensual per cápita en México era de 5 mil 564 pesos; del 2018 al 2022 el ingreso aumentó en un 8 por ciento y alcanzó los 6 mil pesos; es necesario apuntar que el crecimiento del ingreso se generó, principalmente, por un aumento del 30 por ciento en los ingresos por transferencias del gobierno que pasó de 734 pesos por persona en el 2018 a 965 pesos en el 2022. De esta forma, es posible calcular que el 52 por ciento del incremento en el ingreso de las y los mexicanos se originó en las transferencias recibidas por parte del gobierno. El CONEVAL afirma que sin transferencias del gobierno, la reducción de la pobreza hubiera sido 57 por ciento menor a la observada.

A pesar de ello, existen importantes oportunidades de mejora en las políticas públicas y programas de desarrollo social en el país. Al analizar la composición del ingreso por decil de la población, se observa que el ingreso por transferencias del gobierno al 10 por ciento más pobre del país creció, entre el 2018 y el 2022, solo un 2.4 por ciento; mientras que para el 10 por ciento de la población con mayores ingresos, las transferencias del gobierno crecieron en un 20.6 por ciento. La falta de progresividad en las transferencias tuvo impactos negativos en el combate a la pobreza extrema, la cual no ha logrado reducirse en el actual sexenio.

Es así, por lo tanto, que los resultados presentados por el CONEVAL, generados a partir de la información que presenta el INEGI, nos dejan un claro mensaje; se está avanzando en el combate a la pobreza pero quedan cuatro grandes pendientes por resolver: la creación de empleos formales que otorgue acceso a la seguridad social, la alarmante incapacidad de acceso a los servicios de salud del 39 por ciento de la población mexicana, el combate al creciente rezago educativo de la población y la emancipación estructural del ingreso de las y los mexicanos de las transferencias del gobierno. ¿Soportará el balance fiscal, de los tres niveles de gobierno, una política de desarrollo social sustentada en transferencias de dinero?

LA VIRTUD DEL JUSTO MEDIO

La pobreza extrema en México se incrementó en 400 mil personas entre el 2018 y el 2022 para alcanzar los 9.1 millones de mexicanas y mexicanos. La pobreza extrema es sufrida por las personas con carencias en tres o más de las seis dimensiones y cuyo ingreso es tan bajo que, aún si lo dedicara por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana. Aquí está el 10 por ciento más pobre de México, aquellos que deberían de recibir los programas sociales aunque no vayan a las urnas. ¿Quién puede sostener discursos triunfalistas con más de 9 millones de personas a quienes la pobreza les cala hasta los huesos?

Ni todo bueno, ni todo malo en el combate a la pobreza en México. ¡Mesura!

La pobreza es una condición que sigue afectando a 47 millones de personas en México y continúa siendo un tema de vergüenza nacional; su combate debe de ser tarea prioritaria y permanente en los tres niveles de gobierno. Las herramientas que generan el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) son de enorme valor y deben de ser analizadas y socializadas con mesura, con un abordaje integral y al margen de filias y fobias políticas.

En la última medición de la pobreza multidimensional presentada por el CONEVAL el pasado 10 de agosto del 2023, el número de personas pobres en México, entre el 2018 y el 2022, se redujo en 5.1 millones. Ello es una gran noticia, y como tal se debe de subrayar; no hacerlo sería tan irresponsable como despreciar a las políticas públicas que lograron este avance e implícitamente, entonces, cuestionar su seguimiento en detrimento de quienes gracias a ellas han superado la condición de pobreza. Estas políticas públicas son perfectibles, y hay claros indicios de ello que se comentarán en esta edición de la Columna; la visión debería de ser la de profundizar sus virtudes y superar sus debilidades, más allá de polarizar políticamente sus resultados.

En cuanto a la información publicada por el CONEVAL referente a la evolución de las seis dimensiones que construyen la definición de pobreza en México, se observan avances en cuatro de ellas. Se logró reducir, entre el 2018 y el 2022, en 1.3 millones el número de personas con carencias por acceso a los servicios básicos en la vivienda; se redujo en 1.5 millones el número de personas sin acceso a la seguridad social, aunque sigue siendo esta la carencia que más contribuye a la pobreza en el país. Se redujo en 2 millones de personas quienes sufren carencias por calidad y espacios de la vivienda. Se avanzó también en el combate a la pobreza causada por carencias por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, al observarse una reducción de 4.1 millones de personas que sufren de esta condición.

Sin embargo, en dos dimensiones que constituyen los elementos fundamentales para lograr movilidad social y un combate estructural de la pobreza que no dependa de transferencias del gobierno en el mediano y largo plazo, desafortunadamente se observaron retrocesos. Y ello también debe de ser subrayado pues, de no hacerlo, sería tanto como aceptar que aún con menor cantidad y calidad de acceso a los servicios públicos de educación y salud podríamos combatir la pobreza estructural en México. En este sentido, el número de personas en condición de rezago educativo aumentó, entre el 2018 y el 2022, en 1.5 millones de personas y, de forma alarmante, el número de personas que sufren carencias por acceso a los servicios de salud aumentó en 30.3 millones de personas.

Específicamente en la carencia relacionada con el acceso a los servicios de salud, en el 2018 había 52.1 millones de personas que contaban con Seguro Popular; en el 2022, el número de personas con acceso a la salud a través del mal logrado INSABI se redujo a 16.9 millones. La desaparición del Seguro Popular y el fracaso del INSABI dejó sin acceso a la salud a 35.2 millones de mexicanas y mexicanos, de los cuales solo 4.9 millones lograron cobertura del servicio de salud a través de alguna otra institución, principalmente el Seguro Social, cuya cobertura aumentó en este periodo en 4.1 millones de personas.

Podría resultar difícil de entender la razón por la cual, a pesar de que el número de personas sin acceso a servicios de salud aumentó en más de 30 millones en los últimos cuatro años, al mismo tiempo se puede concluir que se redujo en 5 millones la cantidad de personas pobres en el país. La explicación radica en la definición de pobreza que se aplica en México y la visión multidimensional con la que se mide. De forma oficial, una persona se considera en condición de pobreza cuando sufre por lo menos una de las seis carencias mencionadas anteriormente y, al mismo tiempo, su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. Esta última condición en la definición de pobreza fue la que contribuyó a observar la reducción reportada por el CONEVAL, pues en cuanto a las carencias sufridas en las seis dimensiones de medición hubo, incluso, un incremento. El número promedio de carencias observadas en el 2018 era de 2.3 mientras que en el 2022 fue de 2.6.

Es decir, hay una mayor cantidad de personas que sufren por lo menos de una carencia social, pero que no se consideran pobres porque su ingreso es suficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. Y fue justo en el ingreso promedio de la población en donde se observó un intenso impacto de las transferencias del gobierno, en sus tres niveles, recibidas por las familias mexicanas.

El CONEVAL reporta que en el 2018, el ingreso promedio mensual per cápita en México era de 5 mil 564 pesos; del 2018 al 2022 el ingreso aumentó en un 8 por ciento y alcanzó los 6 mil pesos; es necesario apuntar que el crecimiento del ingreso se generó, principalmente, por un aumento del 30 por ciento en los ingresos por transferencias del gobierno que pasó de 734 pesos por persona en el 2018 a 965 pesos en el 2022. De esta forma, es posible calcular que el 52 por ciento del incremento en el ingreso de las y los mexicanos se originó en las transferencias recibidas por parte del gobierno. El CONEVAL afirma que sin transferencias del gobierno, la reducción de la pobreza hubiera sido 57 por ciento menor a la observada.

A pesar de ello, existen importantes oportunidades de mejora en las políticas públicas y programas de desarrollo social en el país. Al analizar la composición del ingreso por decil de la población, se observa que el ingreso por transferencias del gobierno al 10 por ciento más pobre del país creció, entre el 2018 y el 2022, solo un 2.4 por ciento; mientras que para el 10 por ciento de la población con mayores ingresos, las transferencias del gobierno crecieron en un 20.6 por ciento. La falta de progresividad en las transferencias tuvo impactos negativos en el combate a la pobreza extrema, la cual no ha logrado reducirse en el actual sexenio.

Es así, por lo tanto, que los resultados presentados por el CONEVAL, generados a partir de la información que presenta el INEGI, nos dejan un claro mensaje; se está avanzando en el combate a la pobreza pero quedan cuatro grandes pendientes por resolver: la creación de empleos formales que otorgue acceso a la seguridad social, la alarmante incapacidad de acceso a los servicios de salud del 39 por ciento de la población mexicana, el combate al creciente rezago educativo de la población y la emancipación estructural del ingreso de las y los mexicanos de las transferencias del gobierno. ¿Soportará el balance fiscal, de los tres niveles de gobierno, una política de desarrollo social sustentada en transferencias de dinero?

LA VIRTUD DEL JUSTO MEDIO

La pobreza extrema en México se incrementó en 400 mil personas entre el 2018 y el 2022 para alcanzar los 9.1 millones de mexicanas y mexicanos. La pobreza extrema es sufrida por las personas con carencias en tres o más de las seis dimensiones y cuyo ingreso es tan bajo que, aún si lo dedicara por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana. Aquí está el 10 por ciento más pobre de México, aquellos que deberían de recibir los programas sociales aunque no vayan a las urnas. ¿Quién puede sostener discursos triunfalistas con más de 9 millones de personas a quienes la pobreza les cala hasta los huesos?

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