Guanajuato avanza en combate a la pobreza; el rezago educativo es el gran enemigo a vencer.
De acuerdo a las estadísticas de medición de la pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el número de personas en situación de pobreza en Guanajuato se redujo de 2.5 millones en el año 2018, al inicio de la actual administración del gobierno estatal, a 2.1 millones en el 2022. El número de personas en condición de pobreza se redujo en este periodo en un 18 por ciento en el estado, reducción que resulta sensiblemente mayor a la reducción en el número de personas en condición de pobreza a nivel nacional, que fue solo del 10 por ciento.
Como porcentaje del total de la población, en el 2022 en Guanajuato, el 33 por ciento de la población sufría de condición de pobreza, lo cual implicó una reducción de 8.5 puntos porcentuales respecto al porcentaje de población pobre en el 2018; a nivel nacional el porcentaje de población que sufría de condiciones de pobreza en el 2022 era del 36 por ciento, 5.6 puntos porcentuales menor al porcentaje observado en el 2018.
En lo que se refiere a la pobreza extrema en Guanajuato, entre el 2018 y el 2022, 13 mil personas superaron esta condición, lo que equivale a una reducción del 6 por ciento; a nivel nacional el número de pobres en condición extrema aumentó 5 por ciento. Como resultado de lo anterior, el porcentaje de población en pobreza extrema en el 2022 en Guanajuato resultó 54 por ciento por debajo del porcentaje de población que a nivel nacional sufre de esta vergonzosa condición.
Aunque las cifras son contundentes en cuanto al mejor desempeño que en materia de combate a la pobreza ha tenido Guanajuato comparado con el agregado nacional, la medición multidimensional de la pobreza obliga a realizar un análisis más profundo para entender las limitaciones que la población aún enfrenta para ejercer sus derechos fundamentales y alcanzar los niveles mínimos de bienestar.
La política de desarrollo social debe de entender que la condición de pobreza no se limita a la medición del nivel de ingreso, sino que se aborda con un criterio periférico que incluye seis dimensiones: el rezago educativo, las carencias por acceso a los servicios de salud, las carencias por acceso a la seguridad social, las carencias por calidad y espacios de la vivienda, las carencias por acceso a los servicios básicos en la vivienda y las carencias por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.
Bajo el carácter multidimensional de la pobreza, el desempeño del combate a las carencias que la generan en Guanajuato muestra titánicos retos por vencer, particularmente en tres temas: el rezago educativo, el acceso a la salud y el acceso a la seguridad social. En la presente edición de esta Columna se discute el desempeño que el estado ha tenido en el combate al rezago educativo, al ser una de las variables que más inciden en el freno a la movilidad social.
En Guanajuato, el 22.8 por ciento de la población sufre de rezago educativo; entre el 2018 y el 2022, el número de guanajuatenses que sufren de rezago aumentó en 83 mil personas, lo cual equivale a una tasa de crecimiento del 6 por ciento. Si bien el rezago en materia de educación ha crecido en el estado en los últimos cinco años ligeramente por debajo del crecimiento observado a nivel nacional, el combate a esta condición de pobreza obliga a reorientar los programas o acciones de políticas públicas con una mayor y más eficiente coordinación de los tres niveles de gobierno.
El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), en el estudio ‘Movilidad Social Educativa en México’, señala que en Guanajuato las y los jóvenes entre 18 y 24 años de edad, en el 2022, tenían en promedio 2.8 años más de escolaridad que sus padres y madres. Este indicador de movilidad social se ha reducido en los últimos años, pues en el 2020 las y los jóvenes guanajuatenses entre 18 y 24 años de edad tenían en promedio 2.9 años más de escolaridad que sus padres y madres; en el 2018 el indicador era de 3.0 años y en el 2016 era de 3.4 años. En seis años, la diferencia en el número de años de escolaridad de las y los jóvenes con respecto al número de años de escolaridad de sus padres y madres se ha reducido en un 17.6 por ciento, atentando con ello a la anhelada movilidad social.
A pesar de que Guanajuato es la tercera entidad del país en la que el grado promedio de escolaridad creció más rápido entre el 2010 y el 2020, ello no ha sido suficiente para combatir el rezago en este indicador. De acuerdo a la información censal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Guanajuato es la sexta entidad del país con el menor grado de escolaridad promedio, con 9.04 años, 7 por ciento por debajo de la media nacional.
Guanajuato es la tercera entidad del país en la que existe la mayor cantidad de personas de 3 a 21 años que no asiste a la escuela y no cuenta con educación obligatoria; en el 2022, 438 mil personas sufrían de esta condición de rezago. En la entidad, el 47.7 por ciento de la población de 22 años o más, nacida a partir de 1998, no tiene educación media superior completa; solo Oaxaca tiene mayor rezago que Guanajuato en este sentido. La población de 40 años o más que no tiene la primaria completa en Guanajuato equivale al 28 por ciento, siendo así la séptima entidad del país con el mayor rezago en este indicador.
Ante ello es indispensable replantear la política, repensar el modelo y reasignar los recursos en materia educativa. La capacidad que las personas tienen de aspirar a un mejor nivel de vida del que tuvieron sus padres y sus madres, depende en gran medida del avance generacional que en materia de educación se observe en los hogares; una mejor distribución del ingreso, una sociedad más ordenada, la recuperación de la paz, el desarrollo integral de la comunidad, atraviesan el eje central de la movilidad social: la educación.
LA VIRTUD DEL JUSTO MEDIO
En el 2022 Guanajuato fue fuertemente castigado por la federación en materia de gasto educativo del Ramo 11 y del Gasto Federalizado; la entidad fue uno de los 7 estados en los que el financiamiento de la federación al gasto educativo representó el menor porcentaje. En Guanajuato casi el 55 por ciento del gasto en educación es financiado con recursos federales, proporción muy baja comparada, por ejemplo, con la Ciudad de México, entidad en la que la federación financia casi el 95 por ciento del gasto en educación. ¿Será la clase política tan miserable que politiza la educación de nuestras niñas, niños y jóvenes?
