/ jueves 9 de mayo de 2024

Tareas pendientes en la situación de desapariciones en México

En recientes días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en cumplimiento al artículo 59 de su reglamento, presentó su informe anual, un instrumento que muestra la situación de los derechos humanos, los avances y desafíos en la materia por parte de los integrantes de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Dicho informe contempla los resultados obtenidos del primero de enero al 31 de diciembre de 2023 en países como Cuba, Nicaragua, Venezuela, Guatemala, Brasil, México, entre otros.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano con sede en Washington, D.C., creado en 1959 e instalada en 1979.

Respecto a México, dentro del documento se presenta el seguimiento que dio la Comisión a las recomendaciones emitidas en el informe “Situación de Derechos Humanos en México”, aprobado el 31 de diciembre de 2015.

Los temas de las 80 recomendaciones que se hicieron al país fueron: seguridad pública, desapariciones y desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, acceso a la justicia, personas en situación particular de vulnerabilidad (personas LGBTI, mujeres; niñas, niños y adolescentes, pueblos indígenas, personas privadas de la libertad, personas migrantes y personas defensoras de derechos humanos), libertad de expresión, acceso a la información y mecanismo de defensores y periodistas.

En este artículo me basaré únicamente en las cinco recomendaciones realizadas en tema de desaparición y desaparición forzadas, de la cuales, tres de ellas se encuentran con un cumplimiento parcial y dos en cumplimiento parcial sustancial.

La CIDH ha solicitado al Estado Mexicano que fortalezca el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), para asegurar que éste se articule de manera adecuada junto con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RBPDNO) y el Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas (RNPFNI). Es fundamental que estas bases de datos sean compatibles y que se garantice el intercambio entre ellas, así como que funcionen con apego a estándares internacionales en la materia.

Asimismo, dentro del informe se hace hincapié en la relevancia de establecer estrategias de colaboración entre las fiscalías para crear registros homologados que permitan una efectiva administración del Registro Forense Federal, conforme a lo establecido en la Ley General en Materia de Desaparición. La contribución entre instituciones es fundamental para garantizar la eficacia en la gestión de información sobre personas desaparecidas.

Otro aspecto destacado es la necesidad de implementar mecanismos de búsqueda inmediata en todo el país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos insta al Estado a informar sobre la implementación de estos mecanismos, especialmente en aquellos territorios donde aún no se ha adoptado.

Además, se hace un llamado a finalizar la creación e implementación efectiva de diversas bases de datos y programas, como el Banco de Datos Forenses, el Registro Nacional de Fosas y el Programa de Exhumaciones. Estas herramientas son fundamentales para la identificación y localización de personas desaparecidas. (Esta parte se percibe repetitiva)

La CIDH resalta también la necesidad de promover la estandarización y homologación a nivel nacional de protocolos como el Protocolo Alba y Alerta Amber, para garantizar una búsqueda coordinada y efectiva. Asimismo, se hace énfasis en la importancia de garantizar el acceso pleno a la información disponible para avanzar en las investigaciones pertinentes.

Sin duda, el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos requiere un compromiso firme por parte del Estado Mexicano para fortalecer las medidas destinadas a abordar la desaparición de personas. Es fundamental la colaboración entre instituciones, la implementación efectiva de mecanismos de búsqueda, la creación y actualización de bases de datos, así como el acceso a la información necesaria para las investigaciones. Sólo con un enfoque integral y coordinado se podrá avanzar en la búsqueda de justicia y verdad para las víctimas de desaparición en nuestro país.


Titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de Guanajuato

  • @sjrochin

En recientes días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en cumplimiento al artículo 59 de su reglamento, presentó su informe anual, un instrumento que muestra la situación de los derechos humanos, los avances y desafíos en la materia por parte de los integrantes de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Dicho informe contempla los resultados obtenidos del primero de enero al 31 de diciembre de 2023 en países como Cuba, Nicaragua, Venezuela, Guatemala, Brasil, México, entre otros.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano con sede en Washington, D.C., creado en 1959 e instalada en 1979.

Respecto a México, dentro del documento se presenta el seguimiento que dio la Comisión a las recomendaciones emitidas en el informe “Situación de Derechos Humanos en México”, aprobado el 31 de diciembre de 2015.

Los temas de las 80 recomendaciones que se hicieron al país fueron: seguridad pública, desapariciones y desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, acceso a la justicia, personas en situación particular de vulnerabilidad (personas LGBTI, mujeres; niñas, niños y adolescentes, pueblos indígenas, personas privadas de la libertad, personas migrantes y personas defensoras de derechos humanos), libertad de expresión, acceso a la información y mecanismo de defensores y periodistas.

En este artículo me basaré únicamente en las cinco recomendaciones realizadas en tema de desaparición y desaparición forzadas, de la cuales, tres de ellas se encuentran con un cumplimiento parcial y dos en cumplimiento parcial sustancial.

La CIDH ha solicitado al Estado Mexicano que fortalezca el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), para asegurar que éste se articule de manera adecuada junto con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RBPDNO) y el Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas (RNPFNI). Es fundamental que estas bases de datos sean compatibles y que se garantice el intercambio entre ellas, así como que funcionen con apego a estándares internacionales en la materia.

Asimismo, dentro del informe se hace hincapié en la relevancia de establecer estrategias de colaboración entre las fiscalías para crear registros homologados que permitan una efectiva administración del Registro Forense Federal, conforme a lo establecido en la Ley General en Materia de Desaparición. La contribución entre instituciones es fundamental para garantizar la eficacia en la gestión de información sobre personas desaparecidas.

Otro aspecto destacado es la necesidad de implementar mecanismos de búsqueda inmediata en todo el país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos insta al Estado a informar sobre la implementación de estos mecanismos, especialmente en aquellos territorios donde aún no se ha adoptado.

Además, se hace un llamado a finalizar la creación e implementación efectiva de diversas bases de datos y programas, como el Banco de Datos Forenses, el Registro Nacional de Fosas y el Programa de Exhumaciones. Estas herramientas son fundamentales para la identificación y localización de personas desaparecidas. (Esta parte se percibe repetitiva)

La CIDH resalta también la necesidad de promover la estandarización y homologación a nivel nacional de protocolos como el Protocolo Alba y Alerta Amber, para garantizar una búsqueda coordinada y efectiva. Asimismo, se hace énfasis en la importancia de garantizar el acceso pleno a la información disponible para avanzar en las investigaciones pertinentes.

Sin duda, el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos requiere un compromiso firme por parte del Estado Mexicano para fortalecer las medidas destinadas a abordar la desaparición de personas. Es fundamental la colaboración entre instituciones, la implementación efectiva de mecanismos de búsqueda, la creación y actualización de bases de datos, así como el acceso a la información necesaria para las investigaciones. Sólo con un enfoque integral y coordinado se podrá avanzar en la búsqueda de justicia y verdad para las víctimas de desaparición en nuestro país.


Titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de Guanajuato

  • @sjrochin