El indiscutible tema público del mes, debido a su importancia en la definición del pueblo que somos y aspiramos a ser los mexicanos, es el aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ocurrió hace 107 años, el 5 de febrero de 1917. El evento conmemorativo se dio en dos sedes y en dos momentos: el primero, por la mañana, en el Teatro de la República en la capital queretana, en el mismo lugar en el que los constituyentes discutieron y acordaron el nuevo pacto social consignándolo en el instrumento jurídico-político que conmemoramos; el segundo, por la tarde, en Palacio Nacional.
Por supuesto, las consignas inscritas en el pato constitucional con dinámicas y responden a distintas variables tales como el proyecto de nación, la visión de México y su relación con el mundo, la preponderancia en el ejercicio y respeto a los derechos humanos (igualdad frente a libertad o individualismo frente a colectivismo, por ejemplo; ambas categorías protegidas por derechos humanos), las posturas políticas, la realidad social y un largo etcétera.
Hay varios tipos de constituciones: algunas muy escuetas que consignan única y exclusivamente derechos fundamentales y principios básicos del Estado, y otras que contienen, además, normativa constitucional, como la mexicana.
No hay reglas que definan la periodicidad en que ha de revisarse el contenido constitucional, es decir, la frecuencia en que la carta magna ha de consignar las nuevas aspiraciones de un pueblo; hay constituciones longevas e intactas y las hay con muchas modificaciones. La nuestra pertenece a estas, aún y cuando existe un procedimiento legislativo rígido para cambiarla en cualquier sentido: suprimiendo, agregando o modificando su contenido vigente.
En este contexto conmemorativo, el Presidente de la República, en ejercicio de una de sus atribuciones constitucionales denominada de iniciativa de ley, envió al Poder Legislativo federal un paquete de propuestas a modificar una veintena de cuerpos normativos, dos de los cuales, respecto de leyes, pero el grueso de ellas (18) impactan el contenido de la Constitución. El análisis responsable de éstas es necesario e imperativo, a efecto de darle viabilidad a los derechos o instituciones que pretendan y que, como todo, incidan en el presupuesto.
Nadie en su sano juicio podría ir en contra de algunas de las reformas como reconocer derechos a pueblos indígenas y afromexicanos, garantizar pensiones a adultos mayores, garantizar atención médica integral y gratuita a la población, garantizar vivienda a los trabajadores, prohibir el maltrato de animales, prohibir el fraking, prohibir el comercio de drogas químicas y vapeadores, aumentar el salario mínimo por encima de la inflación, garantizar el derecho a la salud y al trabajo, reducción de gastos electorales e incorporar el internet como un derecho; sin embargo, siempre subyace la interrogante en torno a la obtención de recursos para hacer realidad los derechos consignados. Es ahí en donde ha de tornarse la discusión.
Dice la vox populi que el diablo está en los detalles; habrá que analizar las propuestas de reforma con todo cuidado y leer detenidamente su contenido; a guisa de ejemplo, en el rubro de adelgazar al Estado, ser muy cautelosos en la supresión de los legisladores plurinominales (propuesta en la que estoy en desacuerdo) o la manera pretendida de modificar al Poder Judicial de la Federación (sin ignorar, desde luego, sus excesos y actuar en consecuencia para corregirlos).
¿Quién podría estar en contra de un nuevo nacionalismo construido a partir de la realidad social, nacional e internacional?
107 años del Pacto Constitucional que, en su momento, pusieron a México y a sus Constituyentes a la vanguardia en la protección de derechos humanos de corte social.
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