Hay fechas que marcan hitos en la Historia de un país y, como ésta es construida por seres humanos, éstos se vuelven héroes nacionales. En ese sentido, el próximo lunes conmemoramos un aniversario más de la Expropiación petrolera, un acto de gobierno del entonces Presidente de México, el General Lázaro Cárdenas del Río. Ocurrió un 18 de marzo de 1938.
Al cierre del siglo XIX, siguiendo el principio de Orden y progreso, pregonado por el General Porfirio Díaz, también jefe del Estado mexicano, la industria petrolera del país estaba repleta de inversión -capital- privado, tanto nacional como extranjero. Los inversionistas gozaban de grandes privilegios y, entonces, los incentivos para invertir en nuestro país eran fructíferos y muy atractivos. Con la Revolución e inherente reivindicación de derechos sociales, los gobiernos posrevolucionarios buscaron nivelar ganancias extranjeras con beneficios nacionales e impusieron tímidos gravámenes a la explotación del petróleo.
El detonante del acontecimiento próximo a conmemorar fue un desacato a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que confirmaba un laudo de la Junta Federal de Conciliación y arbitraje, a favor del sindicato de trabajadores petroleros. El General Cárdenas aprovechó la coyuntura y nacionalizó la industria del ramo para que formara parte del patrimonio nacional, contando con un enorme apoyo popular.
Hay una diferencia sustancial entre la expropiación y la nacionalización o estatización, siendo ambas, maneras de adquisición de la propiedad de bienes, es decir, de adquirir su dominio; mientras ésta puede ser mediante pago y se refiere a la totalidad de un sector económico, en aquélla debe haber pago de por medio (indemnización) y no necesariamente se trata de la totalidad de un sector económico (no siendo el caso de la Expropiación petrolera).
La idea de indemnizar es para paliar un poco los daños y perjuicios que pudieran generarse en aras del interés general o el beneficio social.
La industria petroquímica, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 constitucional, es un área estratégica y prioritaria de nuestro país. La definición y ejecución de la política energética es, entonces, toral para nuestro desarrollo, de ahí la conveniencia de contar con soberanía energética, siempre mirando en beneficio de la mayoría, a efecto de evitar que ocurra lo que en otras latitudes: que la energía es tan cara que la ciudadanía no puede pagarla (electricidad o hidrocarburos, por ejemplo).
La efeméride, entonces, es motivo de celebración, de conmemoración y de reflexión: no deben replicarse los motivos y razones que originaron la Expropiación petrolera hace 86 años; las ganancias y los beneficios deben ser de mexicanos y para mexicanos, principalmente, sin excluir, desde luego, la necesaria inversión extranjera.
Es momento, sin embargo, de potencializar las denominadas energías limpias, sin olvidar la industria petroquímica que aún le quedan décadas de vida.
germanrodriguez32@hotmail.com
