La discusión en nuestro país se ha acentuado en los últimos días, en las reformas constitucionales que ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se han creado expectativas, dudas, escepticismo, ataques y beneplácitos. Es por ello que debemos conocer de fondo cuáles son y qué contienen para tener una posición seria y no basada en comentarios aislados de aprobación y desaprobación.
La Constitución de 1917 es un parteaguas en la historia jurídica de nuestro país y se consideró en su tiempo una de las más avanzadas del mundo.
En ella se plasman las aspiraciones de las luchas de siglos anteriores del pueblo mexicano, se planteó el carácter de la nación con una vía nacional propia e independiente a través de su estructura jurídica.
Partiendo de ella, a lo largo de la historia, la Constitución ha tenido cambios en diferentes momentos y algunos muy significativos que dieron un giro a las políticas públicas de la ruta plasmada en la constitución del 17. En 1982 se aprueban reformas constitucionales que trazan políticas públicas que impactan a la vida nacional y a los habitantes de todo nuestro país.
Estas reformas acrecentaron la dependencia del Estado al capital privado nacional y sobre todo extranjero, por ende, legalizaron la privatización de las empresas nacionales que son parte de la estructura económica y motor del desarrollo independiente y soberano para transformar el Estado en observador pasivo de la economía.
Las políticas públicas, inclusive se aplicaron sin un marco legal y con ello se inició la privatización de empresas nacionales, la privatización del campo, del subsuelo, de los recursos mineros, de las playas, de la energía, de la salud, la educación, de los puertos y aeropuertos y un largo etcétera, posteriormente se realizaron las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso y la Suprema Corte de Justicia.
Las 11 reformas constitucionales del presidente Peña Nieto llamadas reformas estructurales, vinieron a legalizar la privatización de las empresas más importantes de nuestro país.
Las reformas que están en discusión en este momento y son dadas a conocer a todo y todas las mexicanas proponen cambiar la ruta a la iniciada con las aspiraciones de 1917.
1. Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público atendiéndolos de manera preferente.
2. Reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año.
3. Otorgar becas a estudiantes de familias pobres de todos los niveles.
4. Garantizar atención médica y gratuita a todos los mexicanos.
5. Que los mexicanos y familias puedan ser dueños de sus viviendas.
6. Prohibir el maltrato a los animales.
7. Proscribir en el territorio nacional de hidrocarburos mediante el fracking.
8. Hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo autorizar concesiones para uso doméstico.
9. Prohibir el comercio de vapeadores y drogas químicas como el fentanilo.
10. No permitir que el aumento al salario mínimo sea menor al de la inflación.
11. El salario mínimo para maestros, guardias nacionales, soldados, marinos y médicos no podrá ser menor a lo que perciben los trabajadores inscritos ante el IMSS.
12. Revertir reformas de pensiones aprobadas en el gobierno de Ernesto Zedillo.
13. Garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo.
14. Todos los campesinos que quieran cultivar sus tierras contarán con un jornal “seguro, justo y permanente” como sucede con el programa Sembrando Vida.
15. Se utilizarán para trenes de pasajeros los 18,000 kilómetros de vías férreas concesionados durante el gobierno de Ernesto Zedillo y actualmente destinados únicamente al transporte de carga.
16. La nueva iniciativa de reforma electoral que se presentará contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos, la disminución de regidores, evitar el uso de “excesivas estructuras burocráticas electorales”; y eliminar las candidaturas plurinominales. La Cámara de Diputados no se integrará por 500 sino por 300 diputados y el Senado por 64 y no por 128.
17. Jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial en lugar de ser propuestos, serán electos de manera electa por el pueblo.
18. La Guardia Nacional se propone que sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
19. Convertir en política de Estado la austeridad republicana. “Ningún servidor público pueda ganar más de lo que perciba el presidente de la República”.
20. Eliminar todas las dependencias y “organismos onerosos” y elitistas supuestamente autónomos creados durante el periodo neoliberal.
