Es el año de Hidalgo ## el que deje algo. Para quien no sepa, la frase anterior era sinónimo de abusos, cinismo y robo (a diestra y siniestra) dentro de la administración pública, generalmente dada en los ayuntamientos, misma que desgraciadamente estaba hasta cierto punto “normalizada”. En la obra “La ley de Herodes”, Luis Estrada logró plasmar, en cierta medida, parte de los abusos que ocurrían en los ayuntamientos pobres y no tan pobres en nuestro país en décadas pasadas, cuando el acceso a la información y la rendición de cuentas estaban a años luz de ser una realidad y quienes se atrevían a indagar salían mal librados.
Sin lugar a duda, la corrupción ha sido en nuestro país un mal que se ha adueñado del sistema, marcando aún más las brechas de la desigualdad, empobreciendo a muchos para enriquecer a unos cuantos mediante la ilegalidad y retrasando a nuestro país mediante barreras de entrada (hablando de la burocracia). Lo anterior es innegable, sin embargo, en la lucha versus la corrupción la autonomía de las instituciones y organismos que vigilan, hacen recomendaciones y señalan, es fundamental, de lo contario las instituciones serían mera simulación y únicamente servirían a la administración en turno para atacar a sus contrincantes.
En nuestro país existe un organismo autónomo que se encarga de la transparencia, hablamos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos personales (INAI). Este organismo tiene dos funciones primordiales, la primera es la de garantizar que cualquier autoridad en el ámbito federal, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y sindicato; o cualquier persona (sea moral o física) que reciba y ejerza recursos públicos te entregue la información pública que solicites, la segunda es la de garantizar el uso adecuado de los datos personales, así como el ejercicio y tutela de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que toda persona tiene con respecto a su información.
Recientemente este instituto fue blanco de críticas de la administración del presidente López Obrador, estas fundadas (como muchas otras) bajo el argumento del altísimo costo de operación que representan ya que, como recordamos, el presidente ha llamado a trabajar desde la administración pública siempre con “austeridad republicana”, para ello, ha sugerido que la Secretaría de la Función Pública (SFP) sea quien tome las tareas del INAI, sí, hablamos de esa secretaría que nunca encontró algún indicio de corrupción en la casa blanca con Peña Nieto o los patrimonios descomunales de funcionarios públicos de la actual administración (por no decir nombres).
Para finalizar, el mes de septiembre del año pasado trajo consigo el inicio del proceso electoral 2020 – 2021, proceso mediante el cual se estará llamando a cerca de 96 millones de mexicanos a votar para renovar más de 21 mil cargos de elección popular a lo largo y ancho de nuestro país, por lo anterior, es vital contar con información sobre el actuar que han tenido los candidatos en el sector público y, esto último, no sería posible sin la existencia de organismos o instituciones que buscan transparentar información, sobre todo en temas de dineros, por ello defendamos y exijamos la no desaparición del INAI, recordemos que el dinero que administra el gobierno es de todos los contribuyentes, lo cual nos da el derecho de saber qué y cómo con esos recursos.
