En el marco del rescate de las reivindicaciones históricas de las y los trabajadores de México emprendida por el actual gobierno federal, se encuentra la relativa al derecho a la vivienda.
Si miramos al pasado, podemos constatar que, desde el periodo postrevolucionario, específicamente el trabajo realizado por los constituyentes de 1917, incluyeron este tema cuando analizaron las demandas obreras, por lo que incluyeron el tema en las discusiones del artículo 123, donde involucraron al sector patronal para que se responsabilizara de contribuir a resolver la vivienda para la clase obrera que laboraba en determinadas empresas.
Un ejemplo claro de cómo se dio el involucramiento del sector patronal lo tenemos aquí en nuestro municipio, en Soria, donde la fábrica de textiles otorgaba a sus trabajadores vivienda digna y cercana a su centro de trabajo.
Ese importante derecho a la vivienda para millones de trabajadores fue parcialmente resuelto cuando se crea el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), pero con el paso del tiempo esas viviendas fueron inaccesibles para la gran mayoría de los asalariados y, en el periodo neoliberal, se convirtió en un negocio más rodeado de corrupción.
En la actualidad las y los trabajadores viven en la mayoría de los casos lejos de sus centros laborales, porque se construyeron zonas habitacionales lejanas de escuelas, iglesias, mercados, centros de recreación e inclusive sin servicios de transporte accesibles.
Además, las viviendas fueron construidas con un tamaño minúsculo para una familia de 5 integrantes o más, en algunos casos llegan a medir hasta 25 metros cuadrados.
El descuento hipotecario se ve reflejado en su recibo de nómina y por tanto en su percepción salarial por adquirir su casa propia, aunque estuviera inmensamente lejana del centro de trabajo y fuera indigna por su tamaño, en donde además de la familia nuclear también se daba albergue a los abuelos u otros integrantes.
Fueron muchos los casos en donde la clase trabajadora tuvo que abandonar sus casas e ir a rentar su techo a lugares más accesibles y amplios, aunque le siguieran descontando de su sueldo aquella vivienda no útil para sus necesidades.
Actualmente existe un reclamo de la clase trabajadora para que haya mayor disponibilidad de vivienda asequible, por lo que se requiere que los recursos de las instituciones creadas por el Estado para resolver este problema, se inviertan para dicho fin y atienda a las y los trabajadores que no cuentan con hogar propio.
Aquí en nuestra ciudad de Celaya gran cantidad de fraccionamientos se encuentran en estado de abandono o bien fueron invadidos por personas ajenas.
Sin duda, la iniciativa de reforma constitucional enviada a la Cámara de Diputados por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para su análisis, discusión y aprobación tiende a resolver esta necesidad mediante el otorgamiento de créditos y se construirán viviendas para renta que al cabo de un plazo se podrán adquirir tomando en cuenta las aportaciones de las rentas. La ley trata, sobre todo, de crear un Sistema de Vivienda para los trabajadores del país.
La propuesta tiene la finalidad de reformar el artículo 123 de la Constitución con el fin de ampliar el mandato del Infonavit, para que este organismo no solamente ofrezca opciones de financiamiento, sino también pueda involucrarse en la construcción de las viviendas y unidades habitacionales y ofrecer esquemas de arrendamiento.
Esperemos que la discusión y aprobación de esta y otras reformas llegue a buen puerto por el bien de la clase trabajadora, sus familias y de México.
