/ lunes 11 de mayo de 2020

Cuando Pase el Temblor

El miércoles 06 de marzo sucedió lo que ya se veía venir en el IMSS zona Celaya que cuenta con dos hospitales de segundo nivel: la clínica 4 de Celaya y la número 13 de Acámbaro: la protesta del personal sanitario en contra de directivos por la opacidad con la que se maneja la información y los recursos del COVID 19. Se habla ya de un brote en el hospital de Celaya que tiene a muchos médicos en cuarentena, incluidos altos mandos y que por poco le cuesta la vida a un eminente cirujano del fin de semana.

Y es que como ya lo dije en una columna anterior, intentan tapar el sol con un dedo escondiendo los expedientes de los pacientes y el personal enfermo lo que ocasiona propagación por desconocimiento.

Cuando aún estábamos en etapa 2, incluso se intentó prohibir a los trabajadores el uso de googles y cubrebocas con el pretexto de que se generaba pánico entre los derechohabientes, como nunca se dio por escrito la indicación, el personal sindicalizado continuó protegiéndose con sus limitados recursos, pero a los directivos, inocentes pobres amigos y sumisos hasta la muerte por un mendrugo de pan, se les prohibió portar el equipo de protección y hoy están entre las víctimas de la enfermedad. Es criminal lo que hacen en contra del personal de confianzas A y B, como saben que no se pueden defender, los han tenido azorrillados sembrándoles el pánico en sus corazones.

Pero en el pecado llevan la penitencia, ahora el hospital 4 del IMSS es tierra de nadie, manejado al “háganle como puedan” porque los directivos están en cuarentena y no tienen con quién cubrirlos porque nadie en su sano juicio quiere estar bajo la espada de Dámocles. Los que ya estuvimos ahí sabemos los riesgos de no ser sindicalizado y el trato de sabandija que te dan tus “superiores”.

En Acámbaro no es muy distinta la situación: continuamos sin equipos de protección, sin capacitación y sin directriz. Luchamos una guerra sin fusiles, esperando que el enemigo nos tenga más misericordia que en Celaya.

Ojalá que cuando pase el temblor, sean llamados a cuentas los responsables del desabasto, quienes, sin nosotros quererlo, nos llamaron héroes para ponernos en riesgo a todos los trabajadores de la salud y a nuestras familias. Todos ellos deberían rendir cuentas en La Haya y si no, por lo menos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que el personal sanitario que pierda la salud, la vida o a algún ser querido por negligencia de su empresa, está en su derecho a recibir una compensación por daño moral, lo que le saldrá más caro al gobierno que una mascarilla con filtros, guantes, traje impermeable y una careta decente.

Quien está tomando las políticas contrarias por austeridad, o por el motivo que sea, le puede causar un grave daño patrimonial al todo el Sector Salud.

En el Hospital General de Irapuato, el propio secretario de salud del estado ya mandó cesar a una doctora, quien exigió como derecho fundamental protección mínima, tenía 20 años de antigüedad. La Comisión Estatal de Derechos Humanos debería investigar el caso y ahora sí, enviar una recomendación directa al Secretario de Salud (todos ellos son médico–políticos de escritorio, inútiles y estorbosos que deberían estar haciendo Home Office en lo que nosotros trabajamos en vez de entorpecer).

Es fácil no sentir miedo desde una oficina climatizada en palacio de gobierno, delegando funciones y sin contacto exterior.

Por cierto, en Celaya, una hora después de la protesta ya habían terminado de entregar las mascarillas N95 que en 3 meses no habían podido dar para evitar el brote. Mis dos preguntas son: si ¿ya las tenían y no las entregaban, sería porque planeaban vendarlas? Y la segunda: ¿también serán víctimas de acoso laboral o les rescindirán el contrato violando todas las garantías individuales al personal que participó en la justa protesta del IMSS como lo hizo la Secretaría de Salud en Irapuato con la doctora contra la cual se ensañó por hablar?

Todos tenemos el derecho a cuestionar, el ser médicos no nos excluye (si es lo contrario que me digan en qué artículo constitucional o tratado internacional se asienta) y usted, ciudadano, tiene también derecho a sacar conclusiones de lo que se le da a conocer desde el campo de batalla, a donde ni siquiera a los medios les permiten la entrada, a pesar de que vivimos en un estado de derecho, tan recto como un plátano.

El miércoles 06 de marzo sucedió lo que ya se veía venir en el IMSS zona Celaya que cuenta con dos hospitales de segundo nivel: la clínica 4 de Celaya y la número 13 de Acámbaro: la protesta del personal sanitario en contra de directivos por la opacidad con la que se maneja la información y los recursos del COVID 19. Se habla ya de un brote en el hospital de Celaya que tiene a muchos médicos en cuarentena, incluidos altos mandos y que por poco le cuesta la vida a un eminente cirujano del fin de semana.

Y es que como ya lo dije en una columna anterior, intentan tapar el sol con un dedo escondiendo los expedientes de los pacientes y el personal enfermo lo que ocasiona propagación por desconocimiento.

Cuando aún estábamos en etapa 2, incluso se intentó prohibir a los trabajadores el uso de googles y cubrebocas con el pretexto de que se generaba pánico entre los derechohabientes, como nunca se dio por escrito la indicación, el personal sindicalizado continuó protegiéndose con sus limitados recursos, pero a los directivos, inocentes pobres amigos y sumisos hasta la muerte por un mendrugo de pan, se les prohibió portar el equipo de protección y hoy están entre las víctimas de la enfermedad. Es criminal lo que hacen en contra del personal de confianzas A y B, como saben que no se pueden defender, los han tenido azorrillados sembrándoles el pánico en sus corazones.

Pero en el pecado llevan la penitencia, ahora el hospital 4 del IMSS es tierra de nadie, manejado al “háganle como puedan” porque los directivos están en cuarentena y no tienen con quién cubrirlos porque nadie en su sano juicio quiere estar bajo la espada de Dámocles. Los que ya estuvimos ahí sabemos los riesgos de no ser sindicalizado y el trato de sabandija que te dan tus “superiores”.

En Acámbaro no es muy distinta la situación: continuamos sin equipos de protección, sin capacitación y sin directriz. Luchamos una guerra sin fusiles, esperando que el enemigo nos tenga más misericordia que en Celaya.

Ojalá que cuando pase el temblor, sean llamados a cuentas los responsables del desabasto, quienes, sin nosotros quererlo, nos llamaron héroes para ponernos en riesgo a todos los trabajadores de la salud y a nuestras familias. Todos ellos deberían rendir cuentas en La Haya y si no, por lo menos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que el personal sanitario que pierda la salud, la vida o a algún ser querido por negligencia de su empresa, está en su derecho a recibir una compensación por daño moral, lo que le saldrá más caro al gobierno que una mascarilla con filtros, guantes, traje impermeable y una careta decente.

Quien está tomando las políticas contrarias por austeridad, o por el motivo que sea, le puede causar un grave daño patrimonial al todo el Sector Salud.

En el Hospital General de Irapuato, el propio secretario de salud del estado ya mandó cesar a una doctora, quien exigió como derecho fundamental protección mínima, tenía 20 años de antigüedad. La Comisión Estatal de Derechos Humanos debería investigar el caso y ahora sí, enviar una recomendación directa al Secretario de Salud (todos ellos son médico–políticos de escritorio, inútiles y estorbosos que deberían estar haciendo Home Office en lo que nosotros trabajamos en vez de entorpecer).

Es fácil no sentir miedo desde una oficina climatizada en palacio de gobierno, delegando funciones y sin contacto exterior.

Por cierto, en Celaya, una hora después de la protesta ya habían terminado de entregar las mascarillas N95 que en 3 meses no habían podido dar para evitar el brote. Mis dos preguntas son: si ¿ya las tenían y no las entregaban, sería porque planeaban vendarlas? Y la segunda: ¿también serán víctimas de acoso laboral o les rescindirán el contrato violando todas las garantías individuales al personal que participó en la justa protesta del IMSS como lo hizo la Secretaría de Salud en Irapuato con la doctora contra la cual se ensañó por hablar?

Todos tenemos el derecho a cuestionar, el ser médicos no nos excluye (si es lo contrario que me digan en qué artículo constitucional o tratado internacional se asienta) y usted, ciudadano, tiene también derecho a sacar conclusiones de lo que se le da a conocer desde el campo de batalla, a donde ni siquiera a los medios les permiten la entrada, a pesar de que vivimos en un estado de derecho, tan recto como un plátano.

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