Un día como ayer, pero de 1960, por decreto expedido por el presidente Adolfo López Mateos se instituyó el 12 de julio de cada año, como el Día del Abogado. Por supuesto, en aquel entonces aún no existía la paridad de género que hoy es una realidad en el Estado mexicano (un lustro antes se había reconocido legalmente el derecho de la mujer a elegir a sus gobernantes y representantes, el denominado voto femenino); por tanto, hoy yo lo señalaría como el Día de la Abogacía (tomando la expresión de Jorge Islas, manifestada en su editorial del domingo en el periódico EL UNIVERSAL).
El abogado es el operador del Derecho (en este contexto, entendido como el conjunto de normas obligatorias para el conglomerado social) y el Derecho es el principal instrumento para alcanzar el ideal de Justicia, tanto individual como colectiva, quitando el sentido abstracto del concepto y materializándolo a casos concretos.
El abogado tiene una gran responsabilidad social, desde el ámbito de actuación en que la vida decida acomodarlo: en el sector público, defendiendo los intereses del Estado (en los ámbitos municipal, estatal o federal), con vocación de servicio y decididos a vivir en la justa medianía que impone pertenecer a tal sector; en el sector privado, siendo la voz de los particulares para que se respeten los límites estatales en pro del respeto a sus derechos humanos, o bien, los límites entre privados, con la posibilidad de cobrar por sus servicios y sapiencia lo que decida el mercado (aún y cuando exista la ley arancelaria).
En la práctica de los abogados privados, existen quienes trabajan pro bono, es decir, de manera gratuita a favor de causas nobles, por más quijotesco que se escuche; también los hay quienes trabajan a favor de la construcción de ciudadanía o en abono al desarrollo de los derechos humanos (por cierto, en la mayoría de los casos también son pro bono), mediante una práctica denominada Litigio Estratégico.
El litigio estratégico es una herramienta válida para utilizar el sistema de justicia y llevarlo a pronunciarse en torno a problemáticas sociales cuya solución es indefinida o no adoptada en algún ámbito gubernamental, tales como la interrupción del embarazo, el uso lúdico de la marihuana, la familia homoparental, la alienación parental, el uso del tabaco, la paridad en materia electoral, y un largo etcétera. Así, el abogado se erige como un gran agente de cambio social.
Cabe señalar también que, lamentablemente (como en todas las profesiones, intuyo), hay abogados que lucran con la necesidad del cliente. Hagamos votos para que sean los menos, denunciémoslos. Una gran área de oportunidad es la colegiación: que los abogados pertenezcamos a un colegio profesional y que éste, en abono a la construcción de ciudadanía y consolidación del Estado democrático de Derecho, designe profesionales que laboren pro bono, cual ombudsperson.
Las normas y, en consecuencia, los abogados, están presentes desde que nacemos hasta que morimos y aún después de este evento. Dignifiquemos la profesión capacitándonos en lo técnico y en lo ético conociendo el deber ser del Derecho.
Cierro con una frase de Don Quijote que invita a la reflexión del abogado: «Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, sino justicia.».
germanrodriguez32@hotmail.com
