Durante el fin de semana pasado y a raíz del acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobado por mayoría de seis votos contra cinco, mediante el cual decide suspender algunas actividades orientadas a llevar a buen puerto la consulta popular de revocación de mandato del Presidente de México, a celebrarse el 10 de abril de 2022, hemos leído, visto y escuchado distintas posturas en los medios informativos, a favor y en contra de ambos actores.
El antecedente del diferendo se encuentre en el dinero: el INE demanda recursos, pero la mayoría de los representantes populares que integran la Cámara de los Diputados, no se los otorgó, luego, el primero, dice que le es imposible organizar la consulta, en términos constitucionales y legales, si no hay dinero.
Contrario a quienes piensan que este diferendo erosiona la democracia y pone en riesgo a las instituciones, estimo que hoy contamos con una Suprema Corte de Justicia de la Nación (órgano judicial constitucional quien, eventualmente, resolvería y decidiría respecto a alguna de las posturas expuestas, o bien, por alguna otra ecléctica, mediante un ejercicio de ponderación de derechos) suficientemente sólida para resolver, de la mejor manera posible, el potencial conflicto judicial, en la inteligencia de que, como lo ha señalado el Ministro Presidente: hoy el protagonista de la justicia no es la ley, sino la realidad social («Avanzamos hacia una cultura del precedente donde el texto legal deja de ser el protagonista para dar lugar al caso concreto, a la realidad humana, a la realidad social, como lo verdaderamente relevante para la impartición de justicia» [Informe de gestión, 2021]).
En este diferendo se ponen en evidencia, a mi juicio las dos visiones de democracia, de Estado, de gestión de gobierno y del respeto a los derechos humanos: por un lado, la democracia participativa, centrando la energía en la toma de decisiones colectivas, en donde la mayoría de la gente es responsable de las determinaciones que, en conjunto, se votan; por otro, la democracia procedimental, en la cual, las instituciones, creadas y operadas con toda la legitimidad popular necesaria, es la responsable de la toma de decisiones, toda vez que éstas son gestionadas por servidores públicos con demostrada expertise en la materia. Ambas posturas son válidas, dependiendo del enfoque con que se analicen.
Cabe señalar que lo ocurrido no es sorpresa: pues el presidente, desde que estaba en campaña, y antes de esta, ya tenía un discurso de austeridad republicana y señalaba los excesos del INE: un proyecto para construir edificios que tenía instalaciones que envidiaría un club deportivo, motocicletas mucho más caras que otras, con igual funcionalidad, por citar un par de ejemplos.
Veremos qué ocurre. Al tiempo. En vía de mientras y en este tiempo de reflexión, valdría la pena responder un par de interrogantes: ¿Se está en lo correcto al recortar el presupuesto, en los términos en que lo hacen los diputados? ¿En términos comiciales, presupuestales y de educación cívica, se está cumpliendo a cabalidad con las funciones públicas encomendadas? Porque con independencia de la visión de Estado, de democracia y de ejercicio gubernamental que tengamos, el cumplimiento a la normativa es primero.
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