El domingo pasado, algunos medios informativos dieron cuenta de una protesta en contra del Presidente de México y algunas de las acciones ejecutadas en su aún corto período de gestión, transmitiendo el mensaje de la manifestación: no al socialismo.
Se trató de una protesta peculiar convocada por el Frente Nacional Ciudadano y el Congreso Nacional Ciudadano, en setenta ciudades del país, en la que los manifestantes, respetuosos de la sana distancia impuesta por la nueva normalidad (aún y cuando no terminaba la Jornada Nacional de Sana Distancia), pero irrespetuosos del medioambiente y de la energía limpia, desfilaron en automóviles, casi en su totalidad de modelo reciente y algunos de ellos, de lujo, pegaron cartulinas en los cristales o pintaron con grasa para asear zapatos algunas consignas en cofres y cajuelas, exigiendo la renuncia del primer mandatario. Los mismos mensajes se leían en algunas lonas colgantes de puentes y de infraestructura pública, como las que hemos visto que recientemente lo hacen, presuntamente, algunos grupos delincuenciales.
La libertad de expresión, tanto de manifestación como de protesta, son derechos humanos reconocidos por la Ley Fundamental; además, son de los más longevos, gestados en las luchas revolucionarias que datan de hace siglos y nacidos en el siglo XVIII; se trata de derechos civiles, es decir, los derechos humanos de primera generación.
En ese orden de ideas, saludo la protesta de referencia; sin embargo, me parece una equivocación la forma en que se realizó y un despropósito el fondo de la misma.
Por cuanto hace a la forma, si bien es cierto, pudieran tratarse de demandas legítimas, razonables y hasta convincentes, formuladas por un sector social, no menos cierto es, que al expresarlas teniendo de telón de fondo un automóvil de modelo reciente o de lujo, pudieran desestimarse por la mayoría de los mexicanos que, lamentablemente, no tienen acceso a ese tipo de instrumentos para su movilidad. En consecuencia, parecería que si este sector protesta, es porque el Presidente de México está trabajando por y para la mayoría, como debiera ocurrir en las democracias. En el caso de México, con el propósito de disminuir la enorme brecha que separa el sector protestante con la mayoría de los mexicanos. Además, cabe señalar que la igualdad también es un derecho humano de primera generación.
En el fondo, la demanda de los manifestantes es notoriamente improcedente, en términos jurídicos, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde el inicio de su vigencia, es decir, desde 1917, establece derechos sociales como la educación gratuita, los derechos laborales o la propiedad de la tierra y, por tanto, desde esta perspectiva, es socialista; además, la propia Carta Magna establece que el cargo del solamente es renunciable en caso de falta grave, calificación hecha por el Congreso de la Unión.
México requiere una fuerte oposición, pero ésta debe expresar sus demandas, en lugar de vehículos de lujo y vía pública, convendría utilizar acciones legales y vías institucionales: juicios, medios de control constitucional, elecciones de 2021 o revocación de mandato en 2022, a efecto de que sean más eficaces. Las instituciones funcionan y el la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado cuenta de ello.
Protestas como la referenciada, discursos pronunciados por determinados políticos o servidores públicos, diatribas, insultos, insidias, paparruchas y trapacerías similares, parecen tener un efecto bumerang, una reacción contraria a la deseada por quien la formula, descalificando -ellos mismos- argumentos que, de suyo, pueden ser valiosos y válidos.
germanrodriguez32@hotmail.com
