Finalmente, el pasado jueves fue aprobado por el Senado de la República, en tanto cámara revisora, el dictamen que contiene la reforma constitucional en materia educativa. El sendero para lograrlo fue tortuoso: protestas de un sector del magisterio que llegaron al extremo de la toma de la vía pública y el secuestro de legisladores al no dejarlos salir de sus lugares de trabajo; ausencia de un senador que motivó que no se alcanzara la mayoría calificada de votos, lo cual motivó el regreso del dictamen a la cámara de origen para nuevo análisis; negociaciones, tanto parlamentarias como extraparlamentarias (vale recordar que un buen segmento de legisladores representa los intereses de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, CNTE); y el ingrediente con mayor peso específico: el famoso memorándum del Presidente de México, cabeza más visible de la Cuarta Transformación (4T), la cual incluye no solamente el gobierno de la república Poder Ejecutivo, sino también a la mayoría de legisladores, a muchos jueces y a la mayoría de la sociedad civil. Esa nota administrativa que tanta controversia generó fue la detonante de la consumación de la reforma, atento a lo siguiente.
La estrategia fue simple pero efectiva: AMLO empleó los instrumentos políticos y normativos que tuvo a su alcance, a efecto de convencer a los opositores de la reforma discutida en el Congreso (léase la CNTE) a aceptar lo planteado en la misma, pues de lo contrario, los destinatarios del memorándum (los secretarios de Hacienda y Crédito Público, de Gobernación y de Educación Pública) podrían acatar la instrucción de su jefe (recuérdese que el memorándum señalaba, en esencia, que se dejara de aplicar la ley vigente), lo que derivaría en una lluvia de juicios de amparo cuyos resolutivos es fácil intuir: déjese sin efectos el memorándum y aplíquese la norma vigente, es decir, la que no querían por ningún motivo, la aprobada el sexenio pasado. Estrategia pura (en el ámbito privado pudiésemos llamarlo «litigio estratégico»). AMLO demostró su experiencia política.
En la reforma educativa cuya aprobación es inminente, sí hubo un proceso de deliberación, en contraste con el proceso de reforma de 2013 siendo presidente Enrique Peña Nieto, cuya norma constitucional fue resultado del Pacto por México, ajeno a la acción deliberativa inherente a los procesos parlamentarios, es decir, la discusión como requisito sine qua non del proceso legislativo sustantivo y material, en consecuencia, legítimo.
Los resultados ya se verán; sin embargo, a priori puedo señalar que no parece adecuado que ya no haya reprobados o que a los alumnos se les permita copiar, pues atenta contra el mérito y el esfuerzo personal, haciendo nugatoria la desigualdad legítima, no solo justa, sino deseable en una comunidad.
El proceso de reforma sigue su curso y no habrá problema en su consumación, pues el Constituyente Permanente, en breve, la aprobará, ya que la mayoría de las Legislaturas locales también pertenecen al movimiento de la 4T.
El memo, entonces, visto como instrumento de negociación, fue eficaz; no fue lo más ortodoxo, pero eficaz sin duda: la reforma fue aprobada por la mayoría de los grupos parlamentarios, exceptuando al PAN, aún y cuando algunas de sus propuestas se encuentran insertas en la reforma en cuestión.
